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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Discriminación es lo que perciben las organizaciones que integran la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales (ADDMR), al señalar que los programas sociales que lograron tras años de trabajo, para incluir a las mujeres rurales con el Ministerio de Agricultura y Ganadería han sido eliminados y esperan un recorte de 80 millones de dólares en esos presupuestos.
“Los programas Agricultura Familiar, Acuícola, PRODEMOR y Amanecer Rural, en donde están muchas de las organizaciones que representamos a la ADDMR y que participábamos activamente han sido eliminados y las mujeres ya no serán incluidas; estamos hablando de un aproximado de 80 millones de dólares de presupuesto de estos programas que es innegable que van a impactar a cientos de mujeres y volverán a ser invisibilizadas, esto es violentar sus derechos”, explicó Mhaydeé Recinos del IMU.
En el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, las organizaciones CCR, CRIPDES, IMU, MSM, Las Mélidas y FECORACEN que integran la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales (ADDMR), demandaron del actual gobierno la aprobación de un “presupuesto justo y equitativo” para las mujeres rurales el próximo año.
El informe general que citó Mhaydeé Recinos sobre la situación de las mujeres, señala que seis de cada diez mujeres sufren violencia; pero no mencionan que de la muestra, siete mujeres se encuentran en la zona rural, lo cual consideró es donde hay repuntes de gran violencia hacia las mujeres.
“En la zona rural hay más vulnerabilidades para las mujeres; primero, ellas se desplazan en trayectos largos en busca de agua, no hay alumbrado eléctrico en todas la zonas que caminan en horas vespertinas, hay menos protección policial (PNC); o sea, el contexto es diferente a la ciudad. Y son más propensas a que sean víctimas de violencia y el machismo tiene mayor arraigo. No dudamos que en la ciudad hay este tipo de problemas, pero en lo rural tiene que ver mucho con el acceso a la educación”, sostuvo Recinos.
Otra deuda pendiente para las mujeres rurales, indígenas y campesinas se relaciona a la producción de la riqueza y el bienestar social, una situación que continúan los factores de “empobrecimiento”, y que pese a constituir la mitad de la población solo manejan un 18 % de la producción agrícola, reciben tan solo un 10 % en créditos y un mínimo del 5 % en asistencia técnica, lo que vulnera y agrava la situación de desigualdad de las mujeres, porque en el área rural el 48.9 % de familias carecen de condiciones de bienestar dignos.
La Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) registra en sus archivos que solo un 9 % de la tierra es para las mujeres productoras agrícolas, lo que limita el acceso al crédito e insumos agrícolas o la capacitación técnica, que impacta a la mujer, porque esa producción muchas veces se destina al consumo familiar y solo cuando queda un excedente lo puede comercializar.
“La igualdad sustantiva es una meta de orden jurídico y político. Y debe incluir los mecanismos que garanticen igual respeto, trato y protección de los derechos humanos de todas las mujeres. Como ADDMR vemos con preocupación que el Presupuesto General de la Nación para 2020 no refleja las prioridades de las mujeres; al contrario se encuentran recortes importantes en salud y hospitales, que solo en el 2019 tuvo 22 millones de dólares y la nueva propuesta para 2020 es de 12.6 millones de dólares; así como, otros programas que han sido eliminados como educación de jóvenes y adultos, y el Programa de Alfabetización que ofrecen otras expectativas a la población rural”, consideró Juana Morales, de CRIPDES.
En cuanto a las demandas, Rosa Lilian López, del CCR Chalatenango pidió al gobierno del presidente Nayib Bukele la asignación de recursos al ISTA para la compra de tierras, con el fin de asignar media manzana a mujeres productoras de las comunidades y que se encuentran organizadas a nivel local.
“Exigimos que se garantice el cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer dentro de todas las instancias del Estado.
Y una reforma fiscal inclusiva que garantice los recursos necesarios al Estado, para que implemente las políticas sociales y desarrolle programas que sean integrales para fomentar la agricultura y el acceso a medios de vida, a fin de que las mujeres rurales, campesinas e indígenas tengamos un desarrollo pleno”, afirmó López
En cuanto a la territorialidad de políticas públicas que conlleve desarrollo a las mujeres rurales, López señaló que todos estos nuevos marcos jurídicos deben reforzar derechos como la seguridad y soberanía alimentaria, para generar acciones de dignificación a la mujer en el área rural, así como proteger grupos vulnerables, como la niñez, adolescencia y adultos mayores. “Queremos que no se privatice el recurso hídrico nacional, y de manera urgente apruebe la Asamblea Legislativa la Ley General de Agua y la declaren como bien público. Y el reconocimiento de las mujeres como productoras agropecuarias; y tierra y educación para las mujeres rurales en todos los niveles”, puntualizó.
