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Redacción Nacionales
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El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) ha reportado en la última semana, tres fallecimientos dentro del penal de Izalco.
El lunes 3 de noviembre, Samuel Ramírez, del MOVIR, reportó una muerte “bajo la responsabilidad del régimen de excepción”, se trató de Manuel de Jesús Hernández Aguilar, de 46 años, originario de Jucuapa, Usulután
Según informó MOVIR, Ramírez estuvo recluido en el penal de Izalco, pero su fallecimiento habría sucedido en el Hospital Dr. Jorge Mazzini, de Sonsonate. También, ese mismo día habría fallecido Jorge Alvarado Martínez, originario de Cojutepeque, Cuscatlán. El jueves 30 de octubre, MOVIR también reportó la muerte de José Raúl Vásquez.
Los tres estaban recluidos en uno de los penales de Izalco, y los tres fallecieron en el Hospital Mazzini de Sonsonate. Las tres personas habrían sido detenidas en el marco del régimen de excepción, y no se les habría comprobado que pertenecieran a grupos terroristas.
Samuel Ramírez destacó que las autoridades no brindan explicaciones sobre los hechos ocurridos en el penal de Izalco, ya que en menos de una semana se reportaron tres muertes en dicho centro de detención. En muchos de los casos, ni siquiera a los familiares del fallecido se les informa sobre la situación. En algunos casos, es alguna funeraria que les avisa a los familiares que su detenido ha fallecido.
En ese contexto, Samuel Ramírez instó a las autoridades a que transparenten lo que sucede en ese centro de detención y que además se finalice con el régimen de excepción, ya que se han violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.
El régimen de excepción inició el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte de homicidios; desde entonces, el Ejecutivo le ha pedido a la Asamblea Legislativa extenderlos mes con mes. La medida ha sido fuertemente criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.
Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reportó al menos 450 fallecidos bajo la responsabilidad del Estado. Organizaciones como Cristosal han documentado torturas dentro de los penales que han llevado a la muerte de personas; también se han reportado muertes por negligencia.
MOVIR ha presentado cartas, escritos, arraigos a varias instituciones del Estado donde comprueban la inocencia de algunos de los detenidos en el régimen de excepción, pero instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) los ha ignorado.
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