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Redacción Nacionales
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El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) mantiene su exigencia de justicia y libertad para las personas que considera detenidas arbitrariamente bajo el régimen de excepción, al tiempo que cuestiona la utilización de procesos judiciales masivos y advierte sobre el impacto que estas medidas tienen en las familias de los encarcelados.
Samuel Ramírez, integrante de MOVIR, explicó, que durante los últimos cuatro años la organización ha acompañado a familiares de personas capturadas, especialmente a quienes carecen de recursos económicos para contratar abogados o realizar gestiones ante las instituciones públicas. Según señaló, muchas familias confiaron inicialmente en que el sistema judicial determinaría la responsabilidad individual de sus parientes, pero con el paso del tiempo continúan sin conocer con claridad qué ocurrió con ellos.
“Cuatro años de lucha exigiendo justicia y libertad” es, de acuerdo con Ramírez, parte del balance de trabajo de MOVIR, organización que ha realizado gestiones ante distintas instituciones y ha brindado asesoría legal a familiares. También afirmó que han colaborado en la presentación de recursos de hábeas corpus y documentado casos en los que, según su organización, existen elementos que respaldan la inocencia de personas detenidas.
Ramírez rechazó las acusaciones de sectores oficialistas que señalan a las organizaciones defensoras de derechos humanos de proteger delincuentes. Sostuvo que MOVIR no pretende defender a quienes hayan cometido delitos, sino garantizar que cualquier persona sea juzgada individualmente y con pruebas.
El dirigente aseguró que el movimiento establece mecanismos para verificar los casos que recibe y afirmó que su posición es que quienes hayan cometido crímenes deben responder ante la justicia. Sin embargo, insistió en que esa responsabilidad debe determinarse mediante procesos judiciales que respeten las garantías correspondientes.
Uno de los principales reclamos de MOVIR es contra los denominados juicios masivos. Ramírez afirmó que familiares de personas que permanecieron detenidas durante años enfrentan ahora procesos en los que existe temor de recibir condenas sin que sus casos sean examinados de manera individual.
Por ello, la organización ha impulsado una campaña bajo la consigna de “no a los juicios masivos, no a las condenas masivas”, reclamando procesos individuales en los que puedan presentarse pruebas de descargo y establecerse la responsabilidad de cada acusado.
El dirigente también cuestionó que algunas personas que han recuperado su libertad lo hagan bajo medidas sustitutivas y no mediante una liberación definitiva. Según explicó, algunos deben presentarse periódicamente ante los tribunales y continúan sujetos a procesos judiciales.
Para Ramírez, el problema central no consiste únicamente en el número de personas detenidas, sino en la falta de procesos que permitan determinar de manera efectiva quién es culpable y quién es inocente. En ese sentido, mencionó reacciones internacionales relacionadas con la situación de las personas capturadas y señaló que informes como el elaborado por el Grupo de Investigación de El Salvador (GIPES) han planteado la necesidad de restablecer el Estado de derecho.
MOVIR también considera que la permanencia del régimen de excepción tiene consecuencias que van más allá de la política de seguridad. Ramírez sostuvo que la aplicación de medidas excepcionales afecta derechos fundamentales y puede extenderse a personas que no tienen relación con estructuras criminales.
Como ejemplos, mencionó casos de veteranos de guerra y personas con problemas graves de salud que, según afirmó, continúan sometidas a restricciones judiciales. También hizo referencia a personas que permanecen detenidas o bajo arresto domiciliario mientras enfrentan procesos cuya resolución todavía está pendiente.
Otro de los cuestionamientos planteados por Ramírez está relacionado con la transparencia institucional. A su juicio, el régimen de excepción se ha convertido en una herramienta que permite mantener procedimientos extraordinarios y limita los mecanismos tradicionales de control, es decir, corrupción. También expresó preocupación por la falta de información y rendición de cuentas en distintas actuaciones estatales.
“Para mí el tema principal en el país es el régimen de excepción”, sostuvo Ramírez, quien pidió que el Estado mantenga una política firme contra la delincuencia, pero dentro del marco constitucional y con respeto a los derechos de las personas.
El dirigente reconoció que la seguridad continúa siendo uno de los principales factores que explican el respaldo ciudadano al gobierno. Sin embargo, consideró que la reducción de la criminalidad no debería utilizarse como argumento para mantener indefinidamente medidas excepcionales.
Afirmó además que existe temor entre familiares de personas detenidas para participar en manifestaciones. Algunas madres, dijo, tienen a su cargo hijos o nietos de los encarcelados y temen que una eventual detención les impida seguir cuidándolos. Esta situación, según MOVIR, ha provocado desgaste físico y emocional entre las familias.
Ramírez también advirtió que la prolongación de esta situación puede generar un proceso de cansancio y desesperanza social. No obstante, descartó que MOVIR abandone sus actividades y aseguró que continuará documentando casos y acompañando a las víctimas pese a los ataques y señalamientos en redes sociales.
El movimiento, afirmó, ha recibido respaldo y atención de periodistas y sectores internacionales, especialmente de países como Alemania, Estados Unidos y España. Para MOVIR, esa atención representa una forma de visibilizar fuera de El Salvador las denuncias de familiares de personas detenidas.
Ramírez, quien afirmó haber vivido la guerra civil salvadoreña, expresó que no desea que el país vuelva a experimentar un conflicto social. Sin embargo, consideró que la acumulación de abusos, el miedo y la falta de respuestas institucionales pueden incrementar la tensión.
Su llamado, sostuvo, es a evitar que el país llegue nuevamente a un escenario de confrontación. Para ello, considera necesario garantizar justicia individual, investigar las acusaciones, liberar a quienes sean declarados inocentes y mantener una política de seguridad que persiga a los responsables de delitos sin sacrificar los derechos fundamentales de la población.
MOVIR asegura que continuará acompañando a las familias mientras existan denuncias de violaciones a los derechos humanos. Para el movimiento, el desafío consiste en que la seguridad y la justicia no sean presentadas como conceptos opuestos, sino como obligaciones que deben cumplirse simultáneamente dentro del Estado de derecho.
