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Redacción Nacionales
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Después de años de encarcelamientos masivos, Nayib Bukele admite que podría liberar anticipadamente a cerca de la mitad de los presos acusados de colaborar con pandillas. Para Samuel Ramírez, vocero de MOVIR, el anuncio no es motivo para celebrar, sino una oportunidad para exigir justicia: si el Gobierno reconoce que miles de personas pudieron quedar atrapadas en un sistema de detenciones arbitrarias, debe liberarlas definitivamente, revisar las condenas injustas y responder por los abusos. MOVIR advierte que no permitirá que una promesa presidencial se convierta en una maniobra electoral sin resultados concretos.
MOVIR PONE EN DUDA DEL ANUNCIO PRESIDENCIAL Y EXIGE RESULTADOS
El anuncio del presidente Nayib Bukele sobre un posible plan de liberación anticipada y condicional para cerca de la mitad de los presos acusados de colaborar con pandillas abre nuevas interrogantes sobre las detenciones realizadas durante el régimen de excepción. Samuel Ramírez considera que el Gobierno está reconociendo una realidad que durante años ha sido denunciada por familiares de personas capturadas: hay inocentes que continúan encarcelados y cuya libertad depende de decisiones tomadas desde las más altas esferas del poder.
Durante una entrevista, en el Barcito FM, Ramírez cuestionó que el mandatario presente como una concesión la posible liberación de personas que, según las denuncias de las familias, nunca debieron estar en prisión. A su juicio, la presión nacional e internacional está obligando al Gobierno a pronunciarse sobre una problemática que no ha logrado ocultar.
“Yo creo que hay un reconocimiento bien tácito de que hay personas inocentes y que no pueden continuar manteniéndolos en la cárcel”, afirmó el vocero de MOVIR, quien también puso en duda los criterios utilizados para calcular que la medida podría beneficiar aproximadamente al 50 % de los detenidos señalados como colaboradores.
El anuncio presidencial contempla libertades anticipadas y condicionales para personas que habrían colaborado con pandillas en distintos niveles, bajo el argumento de que algunas actuaron en contextos de intimidación y supervivencia. Para Ramírez, sin embargo, el Gobierno debe explicar cómo evaluará cada caso, cuándo comenzarán las liberaciones y qué garantías tendrán las personas beneficiadas.
“FUERON VÍCTIMAS DE LAS PANDILLAS Y AHORA SON VÍCTIMAS DEL RÉGIMEN”
MOVIR sostiene que no puede equipararse a quienes colaboraron voluntariamente con estructuras criminales con las personas que, bajo amenazas, se vieron obligadas a obedecer para proteger sus vidas o las de sus familias. Ramírez señaló que durante años numerosas personas tuvieron que convivir con el control territorial de las pandillas y que esa realidad debe ser considerada al evaluar las detenciones.
El vocero cuestionó también que existan denuncias sobre personas que, pese a contar con resoluciones favorables o cartas de libertad, continúan detenidas. Según relató, familiares y abogados han recibido respuestas que atribuyen la falta de liberación a decisiones provenientes de instancias superiores. Estas afirmaciones, señaló, refuerzan sus cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial.
“Hay muchas personas que se han visto obligadas a tener que hacerlo por sobrevivir en esos lugares. Fueron víctimas de las pandillas y ahora son víctimas del régimen”, expresó Ramírez.
El representante de MOVIR advirtió, además, que una libertad condicionada no necesariamente restituye todos los derechos. Recordó casos de personas que, tras salir de prisión bajo condiciones restrictivas, habrían enfrentado dificultades para trabajar o salir del país y, posteriormente, algunas fueron recapturadas.
Por ello, insistió en que el anuncio presidencial debe incluir la revisión de los procesos judiciales cuestionados, la liberación de quienes sean inocentes y la investigación de las actuaciones de funcionarios responsables de posibles violaciones al debido proceso.
MOVIR ADVIERTE SOBRE EL RIESGO DE UNA MANIOBRA ELECTORAL
Ramírez expresó preocupación por la posibilidad de que el anuncio presidencial responda a una estrategia política ante el desgaste del Gobierno y las críticas nacionales e internacionales por las detenciones durante el régimen de excepción. Aunque reconoció que la promesa podría abrir una oportunidad para las familias, advirtió que no debe convertirse en una cortina de humo ni quedarse en declaraciones.
“Nosotros vamos a estar al pie del cañón dándole seguimiento a ese ofrecimiento”, aseguró, al comprometer a MOVIR a exigir información sobre las fechas de inicio, los criterios de selección y los resultados concretos del plan.
El vocero también reclamó que se revise la continuidad del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, y sostuvo que su permanencia debe evaluarse a la luz de las denuncias de detenciones arbitrarias y vulneraciones de derechos.
Para MOVIR, la prueba no estará en el discurso presidencial, sino en las decisiones que se adopten: liberar a los inocentes, revisar las condenas cuestionadas y garantizar que ninguna persona permanezca encarcelada injustamente por decisiones políticas o por un sistema sin suficientes garantías.
La exigencia de Ramírez es clara: la libertad de los inocentes no puede depender de una concesión presidencial ni de cálculos electorales. Debe ser el resultado de la justicia.
