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Redacción Nacionales
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“Le hemos presentado al presidente Nayib Bukele 258 expedientes que demuestran su inocencia, y se les están violentando los derechos humanos, esperamos una respuesta clara, porque las víctimas quieren justicia y libertad, además, piden reparación económica por parte del Estado”, expresó Samuel Ramírez, dirigente del MOVIR.
Ramírez aclaró que no defienden pandilleros, al contrario, ellos deben pagar por los delitos cometidos, pero no es justo que estén condenando a personas inocentes por vivir en comunidades pobres donde antes eran controladas por grupos criminales, y sean detenidos por ser presuntos pandilleros o colaborar con ellos.
Ramírez enfatizó que la petición al gobierno es individualizar el delito y no hacer juicios masivos, condenando a las personas según la zona donde viven y sin haber cometido ningún delito. Hasta la fecha han presentado más de 150 denuncias a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por capturas arbitrarias, peticiones de revisiones médicas y torturas.
“Presentamos un recurso de inconstitucionalidad a la Sala de lo Constitucional, porque el régimen de excepción ya no tiene legalidad, el Ejecutivo puede usarlo ante una amenaza del territorio, catástrofe o conflicto social, las pandillas ya no son una amenaza porque el presidente ha dicho que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental”, aseguró durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.
El dirigente de MOVIR indicó que el régimen de excepción ya no es de combate contra los pandilleros, sino para contener el descontento social, ejemplo de ello, es la captura de la abogada Ruth Eleonora López y Enrique Anaya, a quienes se les aplicó el régimen y no son pandilleros.
Señaló que con el caso de Kevin Balmore Valencia Guillén, quien falleció por una descarga eléctrica mientras trabajaba en la reconstrucción de una escuela, ha quedado al descubierto que el gobierno utiliza a los reos para trabajar gratuitamente, sin el equipo de protección necesario, ni prestaciones laboral o social.
La familia de Valencia Guillén se rebuscó con información, supieron que estaba en el Hospital Zacamil, pero no les permitieron verlo, la mañana del viernes una funeraria llegó a su casa ofreciendo un paquete funerario, porque el joven había muerto, este es un caso emblemático que los organismos internacionales deben poner atención.
Asimismo, denunció que una familia de Chalatenango, durante un año estuvo llevando al centro penal el paquete para la persona detenida, sin embargo, había fallecido seis meses atrás, y fue enterrado en una fosa común del cementerio La Bermeja. Hay casos en que los familiares han pagado a algún contacto desde $900 hasta $1,500 para ver a sus seres queridos detenidos, dijo, al ejemplificar la corrupción en los Centros Penales.
