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Rosario Rivas
Redacción Nacionales
La reciente aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, de parte del Órgano legislativo, debilitará la salud pública y se favorecerá a la empresa privada. A esta conclusión llegaron diversos colectivos y organizaciones de la Universidad de El Salvador que expresaron su rechazo a la Ley en mención.
En un comunicado, los académicos denuncian que la ley habilita la contratación de personal foráneo por hasta diez años, con el riesgo de desplazar a médicos y profesionales nacionales, así como degradar la formación académica en salud.
Y además, cuestionan el establecimiento un régimen de adquisiciones sin controles suficientes, lo que, según afirman, legaliza la corrupción y el clientelismo político.
Rafael Paz Narváez, profesor e investigador de la Universidad de El Salvador e integrante del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, señaló, en declaraciones recientes, que “La normativa abre la puerta a la privatización de la salud pública, al permitir que el presupuesto estatal sea transferido a empresas privadas, incluso, extranjeras”.
Para Paz Narváez esta medida consolida un proceso de “deterioro intencionado” de la atención pública, marcado por la falta de medicamentos, despidos de especialistas y cierre de establecimientos de salud.
En el comunicado y en las declaraciones de Paz Narváez se deja claro sobre la necesidad de derogar la ley y abrir un proceso de diálogo nacional.
Las organizaciones universitarias también exigen la restitución de trabajadores despedidos arbitrariamente en salud y educación, y que se realice una auditoría pública independiente sobre adquisiciones y concesiones, y la construcción de mecanismos de contraloría ciudadana que garanticen transparencia y soberanía en el sistema de salud.
En el documento hacen un llamado a la movilización cívica y pacífica en defensa de la salud, y el trabajo digno.
Además, se solidarizan y acompañan a colegios profesionales, sindicatos, gremios docentes y de salud, organizaciones comunitarias, estudiantiles y populares, en una amplia defensa de la salud pública, la transparencia y la soberanía popular.
