Misión internacional de juristas alerta sobre deterioro del Estado de derecho en El Salvador

Saúl Méndez

Colaborador

Una misión internacional de juristas visitó El Salvador con el objetivo de recabar información de primera mano, documentar y sistematizar la situación de amenazas y riesgos que enfrentan los profesionales de la abogacía y las personas defensoras de derechos humanos, así como evaluar de manera independiente las garantías del Estado de derecho en el país.

La misión está integrada por integrantes de la Fundación Paz y Solidaridad, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo, Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

Los juristas adelantaron que detectaron una grave degradación del derecho a la defensa y de las garantías penales mínimas, como resultado de sus observaciones preliminares.

Sonia González, abogada y directora de la Fundación Paz y Solidaridad, denunció que antes de la visita la misión solicitó audiencias con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, pero aseguró que no obtuvo respuesta.

«Tras cinco días de entrevistas, reuniones y visitas realizadas, los hallazgos preliminares son inquietantes», advirtió González.

Entre los principales ejes de preocupación de la misión figura la presunta interferencia del Órgano Ejecutivo sobre el sistema judicial, situación que a juicio de las organizaciones representa un quebrantamiento de la independencia judicial.

«La destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la fijación de una duración limitada para los nombramientos judiciales, la jubilación obligatoria impuesta en 2021 a los jueces y magistrados de más de 60 años de edad o con 30 años de servicio, así como la separación y el traslado forzoso de aquellos jueces que mantienen posturas críticas, son manifestaciones de este control del Ejecutivo que atentan contra la independencia judicial», alertó la misión.

Las organizaciones también señalaron una vulneración sistemática de las garantías procesales y aseguraron haber detectado un deterioro del derecho a la defensa y de las garantías penales mínimas.

«Detenciones arbitrarias, retraso injustificado en la resolución de las solicitudes de habeas corpus, abuso de la detención judicial, imprecisión en los hechos imputados, admisión de denuncias anónimas y ausencia de motivación e individualización de las circunstancias que dan lugar a la detención y sus prórrogas», son algunas de las vulneraciones al Estado de derecho que denunció la misión.

A ello se suman, la falta de información a familiares y abogados de las personas privadas de libertad, el uso abusivo e injustificado de la reserva de información, la demora o ausencia de notificación de las órdenes de libertad y la realización de audiencias colectivas que vulneran el debido proceso y el derecho a la defensa.

Por su parte, la vicepresidenta de la Unión Progresista de Fiscales, María José Berdugo, alertó sobre la vulneración de la presunción de inocencia y la imposición de condenas basadas únicamente en el testimonio incriminatorio de un testigo con criterio de oportunidad.

Además, denunció la utilización del denominado «derecho penal del enemigo», mediante la aplicación de «tipos penales amplios, imprecisos y dirigidos a determinados colectivos. Entre las medidas punitivas se incluye la cadena perpetua a menores de edad».

Crisis del Estado de derecho y criminalización de la abogacía

La misión advirtió que las reformas constitucionales y las sucesivas prórrogas del régimen de excepción durante los últimos cuatro años han consolidado un escenario de desprotección generalizada, según su valoración.

«Se detecta una criminalización de personas defensoras de derechos humanos, abogados y abogadas, jueces y magistradas críticas con el Gobierno, utilizando, entre otras medidas, la Ley de Agentes Extranjeros; además de hostigamiento policial, institucional y anónimo a través de redes sociales, especialmente significativo en el caso de mujeres defensoras de derechos humanos, lo que está provocando el exilio de estos profesionales», detalló la misión.

«Alarma especialmente los testimonios recogidos sobre la situación de la población reclusa, que relatan condiciones indignas e inhumanas de hacinamiento, falta de higiene, alimentación insalubre, propagación de enfermedades contagiosas, falta de asistencia médica y de medicamentos. Las familias se ven obligadas a asumir los gastos de ropa, alimentos y medicinas de los internos. También refieren malos tratos físicos y psicológicos, trabajos no remunerados y restricciones al régimen de visitas y de comunicación con familiares y abogados», concluyó.