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Con un total de 98 instituciones públicas que están sujetas al cumplimiento de la ley, el Instituto de Acceso a la Información Pública realiza la presentación del desempeño de entes no municipales referidas a la publicación de carácter de información, gestión documental y archivos. Foto Diario Co Latino/Ludwin Vanegas.

Ministerio de Defensa con incumplimiento absoluto en gestión documental

Rosmeri Alfaro
@DiarioCoLatino

De 98 entidades no municipales evaluadas, el Viceministerio de Transporte y Ministerio de la Defensa Nacional presentaron incumplimiento absoluto de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), en el tema de gestión documental y archivos.

De acuerdo con la evaluación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), de agosto 2017 a julio de 2019, solo nueve instituciones presentaron avances significativos al entrar al rango general de cumplimiento de la LAIP en el tema.

Sin embargo, hubo siete instituciones con retrocesos notables, entre estos: Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, Corte de Cuentas de la República, Ministerio de Medio Ambiente e Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

El IAIP indicó que, “el propósito de este informe es dar a conocer a la población el nivel de cumplimiento que se ha identificado en cada una de las instituciones públicas, con el fin de brindar insumos adicionales a la ciudadanía para realizar contraloría ciudadana en el quehacer de las instituciones”.

Aseguró que luego de tres procesos de evaluación, aún hay instituciones que son renuentes al cumplimiento de las obligaciones de transparencia que establece la LAIP, tanto en el componente de publicación de información oficiosa, como en el de gestión documental y archivos.

Detalló que la Policía Nacional Civil, Asamblea Legislativa, Centro Internacional de Feria y Convenciones de El Salvador y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, mantienen un bajo cumplimiento de ambas obligaciones.

El instituto exhortó a las autoridades de dichas instituciones a involucrarse más en identificar aquellos factores que impiden un cumplimiento efectivo de las obligaciones de transparencia y “adopten las medidas necesarias para corregirlos, a fin de garantizar que no se afecte el derecho de acceso a la información de los ciudadanos”.

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