MILPA denuncia despliegue policial y militar durante actividad de comunidades indígenas en Izalco

Saúl Méndez

Colaborador

El Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales (MILPA) El Salvador denunció el despliegue de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y efectivos de la Fuerza Armada, algunos de ellos encubiertos, durante actividades de comunidades y organizaciones indígenas de Chorro Arriba, en Izalco, dónde la población se opone a la construcción de una planta fotovoltaica que podrían generar afectaciones ambientales y abrir la puerta a futuras disputas por el agua.
El coordinador de la filial Oriente de MILPA, Ángel Flores, informó que el sábado 29 de agosto dos patrullas de la PNC y efectivos de la Fuerza Armada irrumpieron en la cotidianidad de la comunidad de Chorro Arriba, en Izalco, mediante un despliegue que no es habitual en la localidad. La presencia de los agentes generó inquietud entre los habitantes de las comunidades amenazadas por el parque fotovoltaico, quienes, junto a representantes de organizaciones y otras comunidades indígenas, realizaban una ceremonia ancestral de declaración de sitios sagrados en la finca Santa Adelaida.

«Durante la actividad comunitaria, policías encubiertos irrumpieron en la propiedad privada donde se desarrollaba el evento, sin presentarse ni identificarse con las personas asistentes», denunció Flores.

«Como MILPA El Salvador y también como parte de las organizaciones que convocaron para este día a diferentes poblaciones territoriales para la realización de la declaratoria para el reconocimiento de tierras indígenas y lugares sagrados, queremos denunciar que, en esta ocasión, dentro de las comunidades donde se iba a desarrollar esta declaratoria, que es la comunidad de Chorro Arriba, de la zona norte de Izalco, en Sonsonate, se tuvo la intervención por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, acompañados de efectivos de la Fuerza Armada y también agentes encubiertos que intervinieron en esta comunidad», detalló Flores.

En el acto de la mañana, antes de iniciar este evento, que surge a partir de la amenaza del establecimiento de un parque fotovoltaico por parte de la empresa Volcano Energy, una patrulla de agentes intervino uno de los vehículos que transportaba a integrantes de diferentes puntos de Sonsonate que se dirigían a la actividad, relataron los asistentes.

«Además de eso, se dio la presencia de dos patrullas, las cuales estuvieron realizando recorridos en los alrededores del lugar donde se estaba llevando a cabo este evento de encuentro de comunidades. A pesar de que era un espacio privado, se dio el atrevimiento por parte de agentes de la Policía Nacional Civil, uniformados y también efectivos de la Fuerza Armada, así como también de tres agentes encubiertos, quienes entraron al área donde se estaba realizando esta actividad», manifestó Flores.

A partir de este despliegue, integrantes de las diferentes organizaciones se acercaron a los agentes para indagar sobre la razón de su presencia. Según Flores, estos únicamente indicaron que obedecían órdenes sus superiores y que el objetivo central era evitar actos de violencia, pese a que, según sostuvo, la actividad era de carácter comunitario y no se encontraba presente ningún otro actor, como la empresa Volcano Energy, que pudiera generar un conflicto.

«Queremos denunciar que esto vendría a interpretarse como una forma de asedio e intimidación hacia las comunidades que hoy nos organizamos para defender el territorio de la finca Santa Adelaida, que forma parte de la Reserva de Biósfera Apaneca-Ilamatepec y también de la zona de amortiguamiento del área natural protegida conocida como el Parque de los Volcanes», destacó.

«Es decir, tememos que las instancias del Estado, a través de los cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional Civil, y de defensa, como la Fuerza Armada, estén siendo instrumentalizadas para silenciar las voces de quienes hoy nos posicionamos en defensa de nuestros territorios», lamentó.

MILPA señaló que el megaproyecto energético representa un riesgo para la flora y los recursos hídricos de la zona y que podría facilitar posteriormente el establecimiento de otras actividades, como centros de datos y operaciones de criptominería. Para la organización, estas iniciativas podrían generar futuros conflictos relacionados principalmente con el acceso al agua y la tierra.

La organización también cuestionó la falta de información sobre las autorizaciones requeridas para el proyecto. «La ausencia de autorizaciones y la opacidad a la fecha. La empresa no ha demostrado ante las comunidades ni ante las autoridades locales poseer la licencia ambiental definitiva emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni los permisos de construcción de la Alcaldía Municipal de Izalco requeridos para una obra de tal magnitud», afirmó.

MILPA estima que el proyecto podría afectar entre 140 y 400 manzanas de terrenos forestales y cafetaleros.

La organización sostuvo que el riesgo ambiental debe ser atendido de manera preventiva. «La amenaza deja de ser un supuesto teórico y se convierte en un peligro inminente al estar definida una fecha de inicio tan próxima», afirmó.

La organización exigió al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que informe si ha otorgado o si se encuentra en trámite alguna licencia ambiental a favor de Volcano Energy para el proyecto en la finca Santa Adelaida, así como que determine la viabilidad del proyecto dentro de la Reserva de Biósfera Apaneca-Ilamatepec y la zona de amortiguamiento de un área natural protegida.

En segundo lugar, solicitó a la Alcaldía Municipal de Izalco certificar si la empresa ha solicitado o recibido permisos de construcción o de cambio de uso de suelo relacionados con el proyecto.

Como tercer punto, pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) cite u oficie a los representantes de Volcano Energy para comunicarles el inicio de las investigaciones y advertirles sobre las posibles responsabilidades penales que podrían derivarse del inicio de obras sin contar con los permisos establecidos por la legislación.

«La construcción del megaparque fotovoltaico amenaza nuestro territorio, destruye la biodiversidad y pone en riesgo el agua de nuestras futuras generaciones. La crisis climática no se soluciona destruyendo nuestros bosques. Nuestras voces y acciones colectivas son vitales para frenar este despojo», concluyó MILPA.