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Por David Alfaro
El Mercado Cuscatlán se ha consolidado como uno de los monumentos más costosos a la ineficiencia de la planificación municipal en El Salvador. Nacido en 2015 bajo la promesa de modernizar el comercio informal, el proyecto nunca logró despegar, acumulando un fracaso comercial crónico y una deuda que hoy asfixia las finanzas de San Salvador Centro, rozando los $8 millones de dólares por impagos a su propietario, la empresa Desarrollo Universal, propiedad de Julio Alejandro Murra Saca.
Sin embargo, el último capítulo de esta saga añade un elemento aún más alarmante: la inversión de fondos del Gobierno Central, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para remodelar de punta a cabo un edificio que sigue siendo de propiedad estrictamente privada.
A nivel técnico, la reconversión tiene lógica de supervivencia: mudar oficinas de trámites masivos (como Sertracen o Migración) es la única forma de garantizar el flujo de personas que el mercado jamás tuvo por sí mismo. El problema no es la búsqueda de utilidad pública, sino el precedente financiero y ético que esto sienta.
Financiar con los impuestos de los ciudadanos la plusvalía, la fachada de ladrillo y la modernización de un inmueble ajeno es, en la práctica, un rescate estatal a un mal negocio. Mientras la Alcaldía sigue atada a un contrato leonino de 25 años y busca cómo negociar su millonaria mora, los fondos públicos se utilizan para valorizar un activo privado que, si el día de mañana el contrato se rompe o expira, quedará en manos de sus dueños originales, totalmente renovado a costa del bolsillo de los salvadoreños.
El Mercado Cuscatlán pasó de ser un fracaso de reordenamiento local a un reflejo de cómo los recursos del Estado terminan asumiendo los costos y los riesgos de contratos privados mal planificados desde su origen.
