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Por Leonel Herrera*
El pasado 24 de marzo conmemoramos el 44 aniversario del magnicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero, el célebre arzobispo de San Salvador asesinado por la extrema derecha salvadoreña en 1980, debido a su “opción preferencial por los pobres”.
Y al mismo tiempo celebramos el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a Violaciones Graves de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas, establecido por las Naciones Unidas para honrar la memoria de San Romero, quien denunció las injusticias sociales y la represión militar a inicios de la guerra civil.
La conmemoración se realizó en un contexto marcado por denuncias de organizaciones de derechos humanos, defensores de las víctimas y diplomáticos extranjeros sobre la impunidad en la aún están las masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y demás crímenes de lesa humanidad cometidos mayoritariamente por el ejército gubernamental, los cuerpos de seguridad estatales, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte.
David Morales, coordinador del área de justicia transicional de CRISTOSAL, señaló “falta de transparencia” y “atrasos innecesarios” en el juicio por la masacre de El Mozote, que se lleva a cabo en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera.
Para el ex procurador de derechos humanos y querellante en este caso, la jueza Mirtala Portillo busca dilatar y entorpecer el proceso judicial con diligencias innecesarias, como la orden de captura contra el político opositor Rubén Zamora. Morales también denuncia tratos revictimizantes contra familiares de las víctimas que son entrevistadas por personeros del cuestionado tribunal.
En la masacre del Mozote fueron cruelmente asesinadas más de mil personas inocentes -mayoritariamente mujeres, ancianos y niños- los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 1981. Por este horrendo crimen están acusados ex jefes militares y miembros del Batallón Atlacatl, entrenado y financiado por el gobierno de Estados Unidos para combatir a la guerrilla.
Mientras tanto, la embajadora de los Países Bajos para Centroamérica, Christine Pirenne, reclamó por la falta de acción penal y pidió justicia por los periodistas holandeses que fueron asesinados el 17 de marzo de 1982.
Los periodistas Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsem y Hans ter Laag fueron emboscados por miembros del ejército salvadoreño mientras realizaban un documental sobre el conflicto armado. En un foro realizado en la Universidad de El Salvador (UES), la diplomática europea pidió que “no haya más retrasos” en la aplicación de la justicia.
Por su parte el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) denunciaron la impunidad de la masacre de El Río Lempa, cometida el 18 de marzo de 1981, contra pobladores de Cabañas que huían hacia Honduras a causa de la represión gubernamental.
Gabriela Santos, directora del IDHUCA, comentó que durante el VI Tribunal para la Aplicación de la Justicia Restaurativa en El Salvador, realizado del 26 al 28 de marzo de 2014 en Santa Marta, se constataron las graves violaciones a derechos humanos mediante múltiples relatos de familiares de las aproximadamente 250 personas asesinadas.
Sin embargo, en vez de investigar a los responsables intelectuales y materiales de dicha masacre, la Fiscalía General de la República (FGR) ha montado un caso penal contra cinco líderes de la comunidad, a quienes acusa sin pruebas de un supuesto asesinato cometido por la ex guerrilla en septiembre de 1989. Detrás de esta condenable persecución judicial está la intención gubernamental de reactivar proyectos mineros en Cabañas y otros lugares de la zona norte del país.
Uno de los detenidos es Antonio Pacheco, director ejecutivo de ADES, quien jugó un rol clave en la organización de la resistencia comunitaria contra la explotación minera y en la construcción del amplio consenso nacional que permitió aprobar la Ley Prohibitiva de la Minería Metálica el 29 de marzo de 2017.
El próximo 3 de abril será la audiencia preliminar y los fiscales de la flamante Unidad de Delitos Cometidos durante el Conflicto Armado han vuelto a presentar su dictamen de acusación basado en el mismo relato contradictorio de un testigo protegido que primero dijo que presenció los hechos y después que le contaron lo sucedido.
Además de criminalizar al activismo ambiental y revictimizar a la comunidad de Santa Marta, este espurio proceso penal también sentaría un temerario precedente jurídico que permitiría perseguir a otras personas que participaron en la guerra, ya que la Fiscalía define como “asociaciones ilícitas” a las organizaciones insurgentes del conflicto armado.
Así que la mentira sobre los hechos históricos, la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y la revictimización de las víctimas se imponen en la conmemoración del martirio de San Romero de América y la celebración del Día Internacional del Derecho a la Verdad sobre Graves Violaciones de los Derechos Humanos y la Dignidad de las Víctimas.
*Periodista y activista social.
