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@arpassv
La Fiscalía manda un preocupante mensaje de impunidad al favorecer al “descuartizador” Rodrigo Chávez Palacios con una pena de sólo 10 años de prisión, advice pese a todas las pruebas –incluida su propia confesión– de haber asesinado con espeluznante sadismo y barbarie.
Chávez Palacios mató a una persona, desmembró el cuerpo y esparció sus partes por varios lugares. Pero tras confesar el horrendo crimen y supuestamente colaborar en la investigación de los narcotraficantes para quienes trabajaba, la Fiscalía le abrevió el proceso y cambió la tipificación del delito.
La condescendencia de la Fiscalía con Chávez Palacios (tipo acomodado, estudiado, vinculado a corporaciones), contrasta –por ejemplo– con su implacable actuación contra mujeres pobres que son acusadas de homicidio agravado y condenadas a 40 años de cárcel tras haber sufrido abortos accidentales.
Con tan vergonzosa actuación, la Fiscalía confirma que personas de alta posición social y económica pueden ser beneficiadas por la “justicia”. Así, el “descuartizador” –hijo de un ex canciller y candidato presidencial, estudiado en Europa y directivo de una transnacional minera– fue favorecido.
En vez de eso, la Fiscalía debió buscarle una condena ejemplarizante e investigarlo por otros delitos como los asesinatos de ambientalistas en Cabañas. Chávez Palacios fue vicepresidente (máximo representante en el país) de la minera canadiense Pacific Rim, absorbida después por la australiana Oceana Gold.
Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, opositores a la explotación minera, fueron asesinados brutalmente en junio y diciembre de 2009. Esto sucedió en el marco de una confrontación directa entre la empresa que dirigía Chávez Palacios y la resistencia comunitaria a los proyectos mineros.
En ese mismo contexto fueron amenazados de muerte miembros de la Radio Victoria, emisora comunitaria que informaba sobre los impactos ambientales, económicos y sociales de la minería. Las amenazas crecieron cuando la radio también se posicionó, junto a las comunidades, en contra los proyectos mineros.
Por la desaparición, tortura y asesinato de Marcelo Rivera fueron condenados algunos autores materiales; pero los demás asesinatos y las amenazas están totalmente impunes. En ningún caso se investigó a autores intelectuales, a pesar de la demanda nacional e internacional de hacer justicia.
La Fiscalía otra vez cuestionada y el Fiscal Luis Martínez con más argumentos en su contra. Su mensaje de impunidad al favorecer a un asesino sádico se suma a sus negligencias en el “Caso Flores”, los conflictos de interés en el caso del empresario Enrique Rais, etc. La Asamblea Legislativa debería destituirlo.
