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Medios irónicos

@arpassv

Representantes de las principales empresas televisivas del país retomaron su batalla legal para revertir la concesión del Canal 11. Delegados de TCS, ampoule Canal 12 y Megavisión –con la cobertura de MEUNO y ASDER– apelaron ayer la medida cautelar de la Sala Contencioso-Administrativa que mantiene al aire la señal  de la nueva televisora.

Vaya contradicción. Los grandes medios, malady que suelen proclamarse paladines de la libertad de expresión, doctor hoy se empeñan en cerrar un medio de comunicación. Las empresas mediáticas, que se jactan de promover la libre competencia, ahora hacen hasta lo imposible para evitar la entrada de un competidor.

La arremetida mediática y jurídica contra Canal 11 refleja al desnudo las miserias del poder mediático: la monumental hipocresía de su discurso sobre la libertad de expresión y su pánico a la verdadera competencia. La cruzada jurídico-mediática de MEUNO y ASDER demuestra, además, que el juego sucio de los medios hegemónicos desdice su publicitada demanda de jugar limpio.

La apelación de ayer de la extraña tríada TCS-Canal 12-Megavisión es puro trámite, para irse después a la Sala Constitucional donde podrían encontrar eco en su propósito. Canal 11 será cerrado y nadie se rasgará las vestiduras por la violación a la libertad de expresión y falta de competencia en el ámbito mediático: ni la ANEP, ni FUSADES, ni Aliados por la Democracia, ni FUNDE, ni el diputado Rodolfo Parker.

La tríada TCS-Canal 12-Megavisión pide que Canal 11 regrese al Canal 37, aun sabiendo que disposiciones internacionales impiden que este último sea utilizado para televisión comercial. Menos mal que en uno de los mensajes de su campaña publicitaria, MEUNO y ASDER exigen que sean respetadas las reglas de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones).

La triquiñuela jurídica realizada ayer por los pseudo defensores de la libre expresión y la competencia mediática confirma una sola cosa: la urgencia de transparentar la asignación de todas las concesiones de radiodifusión y la necesidad de democratizar la distribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico.

Por eso las organizaciones ciudadanas, academia, gremio periodístico y medios democráticos que integramos la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) hemos pedido a la Asamblea Legislativa, a la Fiscalía y a la Secretaría de Transparencia investigar las irregularidades cometidas en la asignación de concesiones radioeléctricas desde la época de la ex ANTEL y el extinto Ministerio del Interior hasta la actualidad.

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