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Saúl Méndez
Colaborador
En el marco de la conmemoración de la masacre indígena de 1932, Mauricio Mismit, representante de los pueblos originarios de la zona occidental del país, recordó que el Estado salvadoreño mantiene una deuda histórica pendiente con las comunidades indígenas, especialmente en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, principios establecidos en la Ley de Cultura y Memoria Histórica.
Mismit señaló que, a 93 años del genocidio ocurrido el 22 de enero de 1932, el dolor y las consecuencias de aquel crimen de Estado continúan presentes.
“El Estado tiene una deuda histórica que nos sigue sangrando a todos en este país. Hablo del genocidio de 1932, una deuda que sigue doliendo y que aún nos sangra”, afirmó.
Hizo un llamado a la población salvadoreña a participar y mantenerse atenta a las actividades de conmemoración que se desarrollarán del 17 al 22 de enero, en memoria de las miles de víctimas indígenas asesinadas tras el levantamiento.
“Invitamos a todo el pueblo salvadoreño a estar pendiente de esta conmemoración, no solo en estas fechas, sino también en los días posteriores”, expresó.
Historiadores coinciden en que el levantamiento indígena de 1932 fue consecuencia de la desigualdad económica, la corrupción política y la exclusión social. La respuesta del Estado fue un etnocidio ejecutado por el ejército bajo el mando del general golpista Maximiliano Hernández Martínez, que dejó miles de campesinos fusilados y provocó el exterminio de gran parte de la población hablante de náhuat en la zona occidental del país.
“Nuestros tatas y nuestras nanas dieron la vida en defensa del territorio, del agua, de la tierra y de la vida”, recordó.
Asimismo, advirtió que los hechos de 1932 no deben entenderse como un episodio aislado del pasado, sino como parte de una continuidad histórica de represión.
“Lo que sucedió en 1932 no es ajeno a lo que estamos viviendo actualmente”, sostuvo.
También dirigió un llamado especial a las juventudes para que conozcan y reflexionen sobre estos acontecimientos históricos.
“Hago un llamado a los jóvenes y jovencitas para que se esfuercen por conocer estos hechos que hicieron correr sangre inocente y encarcelaron a personas inocentes, como ocurre hoy”, afirmó.
A más de nueve décadas de la masacre, el representante indígena consideró que este episodio no debe quedar en el olvido y destacó la lucha de comunidades como Santa Marta, a las que reconoció como herederas de la resistencia de los pueblos originarios.
“Vemos en ellos la presencia viva del espíritu de nuestros ancestros, que nos sigue acompañando en la defensa del territorio y la justicia”, afirmó.
Finalmente, Mismit denunció que el Estado ha incumplido su obligación de reparar a las víctimas y de garantizar la no repetición de estos crímenes. Según dijo, no existe voluntad política, cultural, económica ni territorial para atender las necesidades históricas de los pueblos indígenas.
Como ejemplo, mencionó el abandono del sector agrícola, la aprobación de la ley de minería metálica y el deterioro del río Lempa, pese a los compromisos asumidos por el Estado en convenios internacionales para garantizar su protección.
“El gobierno y el Estado no están respondiendo a los derechos consagrados en la Constitución y en las normativas secundarias”, concluyó.
