Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Las masacres durante el conflicto armado son muchas, alrededor de cincuenta, comentó Ovidio Mauricio González, coordinador de la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, en el marco de la conmemoración de la masacre de La Quesera de octubre de 1981, que aún no registra avances significativos en la pronta y cumplida justicia.
“Por mucho que los militares y oligarcas poderosos económicos manifiesten sobre las masacres que el ejército defendía a El Salvador, les digo, pero si El Salvador era esta gente, las víctimas y los sobrevivientes”, de este y otros temas habló en exclusiva con Diario Co Latino.
¿Cuáles son los datos generales de la masacre de La Quesera?
– Yo conocí esta masacre al principio, como la de San Juan Letran, y recuerdo cómo veníamos con las máquinas de escribir a cuestas, junto a otros compañeros de Tutela Legal (del Arzobispado). Estas eran solo veredas y nos cubría el zacate.
Veníamos en lancha con el guía y así fue que comencé a conocer esta masacre y luego con el padre Pedro Declerk y la repoblación, oímos que la gente le decía la “Masacre de La Quesera”, porque muchas de las víctimas eran de La Quesera, pero hubo víctimas de varios lugares.
Esto sucedió del 21 al 31 de octubre de 1981, en donde murieron asesinados un aproximado de 300 a 500 personas. No tenemos un número exacto, pero las personas eran del municipio de San Agustín, Jiquilisco y Berlín, departamento de Usulután, y fue previo a la masacre de El Mozote, que fue ejecutada también por el ejército en diciembre de 1981.
¿Quiénes han sido identificados como perpetradores de la masacre de La Quesera?
– La masacre La Quesera, así denominada por los sobrevivientes, es un crimen de lesa humanidad, y fue perpetrado por un numeroso contingente de militares, donde participaron efectivos de los batallones Atlacatl, Atonal, la Guardia Nacional, los miembros de la Defensa Civil, así como soldados de la 5a y 6a brigada de Infantería, que fueron apoyados por la Fuerza Aérea, y esto es la clave, porque da muestra que fue el ejército el que masacró a estas personas humildes e inocentes.
Deberíamos imaginar la angustia de esta población en esos momentos, buscando refugio, tratando de huir de sus asesinos y huir con sus familias hacia las montañas, cuevas, otras los arbustos, las mujeres que fueron abusadas sexualmente, los niños asesinados sin piedad y también los actos terroristas al quemarles sus cultivos, y matar a sus animales domésticos que les habían costado años de esfuerzos, es por esto un crimen de lesa humanidad.
¿Con cuál prueba científica cuenta esta masacre?
– Fue hasta noviembre de 2004 que el Equipo de Antropología Forense de Argentina vino a estos lugares e hizo las primeras exhumaciones, luego que nosotros recibiéramos los avisos desde las comunidades y del padre (Pedro) Declerk, allá por el año 1991 y 1992, y ya teníamos también el problema del nuevo Código Procesal Penal, cuando se abrió este proceso en 2004.
Y es la Fiscalía General de la República quien lleva la dirección del proceso y esto nos ha dificultado bastante su avance, que no es la misma suerte que hemos tenido con la masacre de El Mozote.
Algunos de los restos de los asesinados, demostró al exhumarlos la terrible masacre. Recuerdo aquellos testimonios que tomamos cuando investigábamos estos hechos, y un sobreviviente declaró cómo subieron niños y niñas a los helicópteros y los lanzaban desde el aire. Esto hará difícil encontrar restos óseos porque fueron arrojados al río Lempa.
¿Crimen de lesa humanidad?
– Lo consideramos nosotros como lo más salvaje que se ha visto, en ocasionarle la muerte a esos niños inocentes. Y eso solo pudieron hacerlo los soldados que fueron entrenados en la Escuela de Las Américas (financiada por el gobierno de los Estados Unidos), quienes fueron entrenados para realizar este tipo de acciones y aún muchos de ellos están con sus grados militares y realizando su trabajo y no han sido depurados como debió ser.
Por ahora solo queda luchar, tratar que se haga justicia y se sancione a quienes ordenaron y planificaron esta masacre, no existe ningún tipo de justificación como ellos lo han manifestado luego de estos hechos.
Porque muchos militares y oligarcas poderosos lo han manifestado, que defendían a El Salvador, pero si El Salvador era esta gente, eran las víctimas y estos sobrevivientes.
¿Cómo está el proceso en la Fiscalía General de la República?
– El proceso se abrió por Tutela Legal, allá por el año 1992, en la Fiscalía General de la República, a efecto que se hiciera la investigación y nunca hizo nada en el proceso de investigación. Entonces, nosotros pedimos al juez de Jiquilisco (Usulután) hacer las primeras exhumaciones y se logró, después pedimos otra al juez de San Agustín (Usulután), se logró también, pero siempre con la orden del juez, no así de la Fiscalía General de la República, a la que le corresponde investigar.
Varias veces, durante todos estos años, preguntamos al ente fiscal sobre la situación del caso de la masacre de La Quesera, desde el exfiscal Félix Garrid Safié, Romeo Barahona, Belisario Artiga y Luis Martínez, quien dijo que iba a investigar y que se tendrían conversaciones con fiscales para efecto de que iniciaran las investigaciones, pero no fue posible. Nos dieron, como se dice en buen salvadoreño, “garabato”.
¿Qué pasó con el exfiscal Douglas Meléndez?
– Con el fiscal Douglas Meléndez se tuvo un poco más de contacto, creó la Unidad de Derechos Humanos, que supuestamente iba a velar por estos casos pero aún estamos esperando.
Han sido testigos ustedes (Diario Co Latino) de la primera visita que hicieron a la comunidad La Quesera, los fiscales. Pero no se ha visto ninguna señal más en el caso o que vaya avanzar en algún tipo de investigación, eso fue hace tres o cuatro meses (2018).
Nosotros esperamos que los fiscales lo vuelvan a retomar el caso, y de alguna manera los fiscales que llevan el caso tienen razón con respecto a que solo son cuatro fiscales en la Unidad de Derechos Humanos, pero no le doy la razón al fiscal general, porque él tiene que especializar gente y ponerla a trabajar en este tipo de casos.
