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@JoakinSalazar
La Mesa de la Sociedad Civil Contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado presentó su informe en el que establece que un total de 146 familias se vieron obligadas a desplazarse entre agosto de 2014 y diciembre del 2015, pills por lo que reiteran el llamado para que el Estado responda ante la problemática.
En el informe, help la Mesa de la Sociedad Civil destaca que la mayoría de los desplazamientos forzados de las 146 familias se debe a la incidencia de la violencia y grupos delictivos de las zonas de origen.
Entre las víctimas afectadas en los 146 casos, la Mesa reporta un total de 623 personas entre ellos 385 adultos (mayores de 18 años), 141 niños y niñas menores de 12 años y 97 adolescentes entre las edades de 13 a 18 años.
Celia Medrano, representante de la Mesa de la Sociedad Civil, explicó que las principales causas de los desplazamientos forzados se debe en un 34% por homicidio de un familiar, 27% por amenazas, el 17% por varias causas vinculadas a la inseguridad, un 6% por intento de homicidio de un familiar y un 16% en otro hechos.
“La mayoría de estos 146 casos, el autor de estos casos son miembros de pandillas y de grupos delictivos, pero ya se están sumándose casos donde el actor que está generado el desplazamiento forzado se debe a miembros de la PNC y de las Fuerzas Armadas”, explicó.
Medrano aseguró que de los casos registrados, el 5% se le vincula a la participación de la Policía Nacional Civil y fuerza Armada, de los que se reconocen al menos 27 casos.
Ante esta situación, la Mesa de la Sociedad Civil, que está conformada por 13 organizaciones, insta al Estado Salvadoreño a reconocer la situación de desplazamiento forzado interno y generar medidas legislativas o de otra índole para la adecuada protección de la víctimas.
Dicho planteamiento es apoyado por el Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, quien pidió al Estado (órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial) responder por las víctimas afectadas por desplazamiento forzado. “Hasta hoy, el Estado, durante 24 años, después de la firma de los acuerdos de paz no creó programas de asistencia y protección a las víctimas, el Plan El Salvador Seguro positivamente proyecta eso, pero aún es una deuda que no ha comenzado a saldarse y es uno de los esfuerzos que como Procuraduría tenemos para exigir”, comentó.
Morales explicó que durante el año 2015, la PDDH recibió entre 50 a 60 denuncias de víctimas afectadas por el desplazamiento forzado.
Pese a ello, el procurador se mostró preocupado ante el temor de la población salvadoreña en denunciar este tipo de hechos, los cuales atentan con la integridad y estabilidad de vivienda de las víctimas.
“Recientemente, cuatro instituciones del Estado, ISDEMU, CONNA, INJUVE y PDDH, hemos propuesto al gobierno y al Consejo de Seguridad, un plan de atención urgente para atención a las familias, y atención integral a estas familias, para las víctimas, hemos encontrado receptividad en el gobierno, se habla de un financiamiento para este 2016”, explicó.
Además, tanto la Mesa de la Sociedad Civil como la PDDH reiteran el llamado a los países del triángulo norte para que dentro del Plan Alianza por la Prosperidad incluyan financiamiento para programas y proyectos a favor de las víctimas afectadas por desplazamiento forzado.
