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Mirna Jiménez
Diario Colatino
La Sala de lo Constitucional está cometiendo graves exabruptos legales y los cuatro magistrados responsables tendrán que enfrentar demandas por violaciones a la carta magna, cuando culminen su período dentro de un año, advirtieron anoche abogados constitucionalistas.
“Deberían de pensar que un año les queda y con estos actos, después de fungir como magistrados, se encararán con los procesos que el pueblo salvadoreño y los organismos tendrán que dirimir. Ellos deberían reflexionar sobre eso, hay causas pendientes en su contra y el llamado es a la reflexión y sensatez (de los magistrados), manifestó Rogelio Canales, presidente de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador (ASCOES).
“Hay demandas, hay denuncias incluso, que organismos de la sociedad civil han presentado en contra de ellos en la Fiscalía General de la República porque se presume que han cometido actos arbitrarios, y de prevaricato, que son figuras delictivas, porque han favorecido intereses de terceros e incluso de intereses que están vinculados con uno de los miembros de la Sala”, dijo Canales, en entrevista con TVES Canal 10.
Una de las frecuentes violaciones, según los constitucionalistas, se refiere a la modificación de artículos de la Constitución de la República, que han llevado a cabo mediante interpretaciones de la misma Carta Magna, sin que haya existido el procedimiento establecido para hacerlo.
Canales manifestó que, según la carta magna, la soberanía radica en el pueblo y es el único que puede delegar por mandato soberano, mediante su voto, la reforma de la Constitución de la República a través de una Asamblea Constituyente, como la que se eligió en 1982 y cuyos diputados electos por la ciudadanía en elecciones, se encargaron de redactar la actual ley primaria del Estado.
Recordó que los magistrados Sídney Blanco, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Belarmino Jaime no se rigen a la ley cuando la norma establece que ellos deben resolver solamente sobre lo que el peticionario ha planteado, pero en casos como el de la emisión de $900 millones en bonos terminaron ilegalizando a 84 diputados suplentes, cuando el recurso no planeaba eso.
“Se convierten en demandantes, se convierten en personas que van más allá de la petición del demandante y eso es una conducta que dice mucho de una sala de lo constitucional que hace control. Así como esa (hay) una cantidad de decisiones que están riñendo con la constitución y riñendo con la ley”, afirmó.
Esos excesos también se han visto reflejados en la aplicación discrecional de los enfoques histórico-político y lógico-jurídico en la emisión de fallos. Para ejemplo, “cuando la Sala prohíbe la publicación de los morosos con el Estado, determina y utiliza el enfoque histórico-político y dice: hay que cumplir con la ley, pero hay que respetar los derechos fundamentales de las personas y ¿quiénes eran esas personas? aquellas que adeudan al fisco porque se les puede dañar su honor. Es un grupo muy pequeño, muy privilegiado, que está adeudando cada año aproximadamente $1,500 millones de dólares, la Sala utiliza ese enfoque para proteger a esas personas”, explicó el abogado, Raúl Baños.
Pero, en el caso del SITRAMSS, no procede en defensa de los derechos de miles de usuarios sino que se va por la vía de la estricta legalidad y aplica el enfoque lógico-formal. “Y aquí es donde tenemos una colisión de intereses porque se desprotege el interés colectivo. En el SITRAMSS circulan 45,000 personas a diario y también tiene un enfoque integral de inclusión, porque las personas con capacidades especiales lo utilizan y tienen la infraestructura para hacerlo”, añadió.
Pareciera ser, entonces, dijo Baños, que el exceso de la Sala se ve por ejemplo en que “por un lado está queriendo proteger a grupos privilegiados y por el otro desproteger a una mayoría que es la colectividad y personas que tienen condición de empobrecimiento”, como son los usuarios del Sistema Integrado de Transporte.
“Nos hemos preguntado, qué pasaría si los impulsores del SITRAMSS fueran los grandes grupos empresariales tradicionales, creemos que la resolución fuera distinta. Entonces creemos que la justiciabilidad que está haciendo la Sala de lo Constitucional puede ser por asuntos políticos o por excesos de discrecionalidades”, consideró Baños.
“Claramente hemos visto que existe algún tipo de interés al dictaminar esta medida que realmente a la vista de la comunidad jurídica debería de causarnos una impresión de gravedad porque se está violentando el derecho y lo están violentando las personas que deben aplicarlo”, manifestó la también abogada Fátima Huezo.
Añadió que los cuatro magistrados de la Sala Constitucional están transgrediendo los derechos de la población, como se ha visto claramente en el caso del SITRAMSS. “(también) Está transgrediendo principios de legalidad, como es el caso de dictaminar una medida cautelar que no es procedente en un proceso de inconstitucionalidad”, señaló.
Canales, en tanto, manifestó que uno de los argumentos de los cuatro magistrados que decretaron la medida cautelar contra el Sistema de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) es que se estaba privatizando una calle para favorecer a un pequeño grupo de empresarios cuando en realidad se estaba mejorando las condiciones de transporte de alrededor de 45 mil personas que diariamente viajan por esa vía y que sumaba ya 521,000 con aquellos usuarios que de manera frecuente también utilizan dicho servicio.
Pero en todo caso, añadió, si ese es el argumento, deberían entonces revertir una serie de medidas tomadas en el pasado que se presume han favorecido a pequeños grupos de empresarios, como la privatización de las pensiones, de la banca y de las telecomunicaciones.
“Si el tema de la privatización para favorecer intereses particulares es la preocupación yo les diría a los honorables magistrados miren: habría que declarar inconstitucional la privatización de la banca, la privatización de los fondos de pensiones, de las comunicaciones… para ser congruentes con el argumento”, añadió.
