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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
Casi 29 años han pasado desde “el atentado dinamitero” que provocó la muerte de líderes y lideresas sindicales que luchaban contra el régimen opresor con el fin de conquistar mejores condiciones de vida y trabajo.
Y pese a que se conquistó el reconocimiento del 31 de octubre de cada año como el Día Nacional de la Persona Sindicalista, esta lucha reivindicativa aún persiste. En El Salvador, como en otras partes del mundo, los sindicalistas se han caracterizado por la búsqueda del cumplimiento fiel de sus derechos laborales ante los salarios bajos y el bienestar social del pueblo salvadoreño.
En el marco del Día Nacional de la Persona Sindicalista, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de El Salvador (CSTS) pidió al Gobierno que inicie el debate en el seno del Consejo Nacional del Salario Mínimo, el análisis y propuesta de incremento a los salarios y se incluya a los que están bajo la modalidad de trabajo doméstico y a domicilio.
Comprometidos con el bien común exigieron a los diputados de las diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa la aprobación de la Ley General de Aguas y rechazaron la “acción privatizadora que pretenden los sectores dominantes del país, imponiendo un control privado del agua que es un bien público”. “Estaríamos siendo agraviados y despojados al volverse selectivo y caro el uso del vital líquido”, señaló el CSTS.
Asimismo, exhortaron al Gobierno a no dejarse presionar por los organismos financieros internacionales, sobre incrementos al impuesto del IVA “que es totalmente regresivo, por el contrario, demandamos de un combate frontal a la evasión y elusión fiscal, y una acción profunda en la transparencia fiscal”.
Pese a los logros obtenidos, los sindicatos salvadoreños aún enfrentan muchos retos, como su libertad sindical. El CSTS también solicitó que se dé cumplimiento a las normativas nacionales e internacionales, en especial “el sector privado que mantiene una oposición y represión sistemática al derecho”.
El artículo 7 de la Constitución de la República indica que “los habitantes de El Salvador tienen derechos a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito”.
Antes de 2009, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) tenía 422 sindicatos inscritos y a marzo de 2017, 839, entre ellos, 103 del sector público, 34 de autónomas, privados 342 e independientes 191. De estos 445 están activos, y más de 200 mil personas se encuentran afiliadas.
Es de destacar que, en cuanto a los niveles de participación, las mujeres se encuentran en una situación desfavorable frente a los hombres en la actividad sindical, como en otros espacios de la vida económica social y política, sin embargo, su lucha no para.
