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Los magistrados de la Corte Suprema pueden esperar

César Ramírez
@caralvasalvador

Prolongada paciencia ciudadana para conocer a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Sala Constitucional) pero no hay prisa… ¿A quién conviene? ¿A quién afecta? ¿Son las personas las importantes o los intereses políticos? ¿Es pronosticable el comportamiento de la Sala Constitucional en los siguientes nueve años? ¿Y si se eligen los magistrados después de las elecciones de 2019?… En todo caso no elegir magistrados causará un daño peor a la imagen de la clase política, por ejemplo: Art 174, Art. 138, atribución 7ª del art. 182 de la Constitución que en general significan no definir la seguridad jurídica de una acción social, no conocer la certeza del derecho y el reino de la incertidumbre sobre lo prohibido, ordenado o permitido por el poder público.

Se habla de cuotas partidarias en esa elección secundaria, lo cual proyecta una realidad de la composición de la Asamblea Legislativa, así la ex Sala Constitucional intervino en temas que afectan a muchos ciudadanos más allá de su legislación, lo cual aún es interpretado como agenda política a favor de un instituto político, de esa manera si es el turno de los afectados de ninguna manera aceptarán otros nueve años de un gobierno de jueces, con sentencias reñidas en interpretación hacia el beneficio de las mayorías. Es lamentable esta situación, pero es provocada por la profunda desconfianza política dominante.

Es notable el coro a favor o en contra de diversas asociaciones por un candidato, parece una elección selectiva entre juristas, mejor preguntemos a los afectados del SITRAMSS, de esa forma el “grito sordo” del pueblo llegará a la Asamblea Legislativa.

Del Art. 183 “…la Sala Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano”.

Hemos conocido estos procedimientos en años anteriores, de alguna manera se convirtió en un procedimiento normal para oponerse al desarrollo de la nación, pero el pasado no tiene remedio.

La desconfianza política puede eliminarse trabajando juntos, trabajando por problemas concretos, realidades, soluciones posibles, aunque sean mínimas, con eso se puede trabajar.

La desconfianza política ha predominado durante décadas, es tiempo de eliminarla.

www.cesarramirezcaralva.com

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Un Comentario

  1. Que frustrante resulta darse cuenta de que como COMUNIDAD JURIDICA seamos incapaces de reaccionar frente a la corrupción e impunidad de la CLASE POLÍTICA, Ya tenemos suficiente evidencia de que, hasta ahora, a los ABOGADOS se nos ha negado el derecho constitucional de elegir a nuestros Magistrados de la CSJ. Era más honesto el sistema anterior cuando de “dedo” los ricos y/o los militares los designaban, porque se cuidaron de guardar las apariencias de por lo menos designar Abogados cuyo prestigio personal les obligaba a ser siempre cuidadosos en el ejercicio de su cargo. La idea del constituyente fue que los Abogados los eligiéramos a través de la propuesta de 30 Abogados (15 por el CNJ y 15 por la FEDAES) Pero este proceso, desde su origen, fue desnaturalizado y caímos en algo peor que el “dedazo” del sistema anterior pues la CLASE POLÍTICA implementó desde siempre, el PROCESO DE CUOTAS PARTIDARIAS totalmente fraudulento a todo nuestro orden jurídico y por lo tanto nulo de nulidad absoluta, al grado que los mismos Abogados escogidos por ellos, por más honestos y capaces que en la realidad puedan ser, en esa jauría y ambiciosa de poder de la clase política, sin reserva alguna se han dedicado a dañar la integridad moral del Abogado que determinado sector no apoya. Y desgraciadamente todo ha terminado en ser presentados como profesionales sin ninguna calidad moral ni ética ni profesional ni jurídica presentándolos como simples serviles de conducta esclavizante dispuestos a responder al latigazo del Diputado o Diputados que favoreció su elección. Como COMUNIDAD JURÍDICA debemos comenzar a ponerle fin a tanto atropello a la DIGNIDAD DEL ABOGADO. Y eso solo lo podemos lograr si nos unimos, si nos organizamos para imponer definitivamente un sistema de COLEGIACIÓN con que nos defendamos del crimen organizado y del poder económico que es el que desnaturaliza nuestro ESTADO DE DERECHO.

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