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Alberto Romero de Urbiztondo
Twitter: @aromero0568
Un nuevo escándalo sacude el Vaticano, esta vez no por los abusos sexuales de sus miembros, sino por el manejo de sus fondos económicos. El semanario italiano L’Espresso ha publicado información sobre las investigaciones que se están realizando en el Vaticano al Instituto para las Obras de Religión (IOR) el banco del Vaticano y los flujos financieros de las cuentas del Óbolo de San Pedro, la instancia que recoge las ayudas económicas que los fieles católicos entregan al papa para obras de caridad. Con estos fondos, según estas investigaciones, se han comprado edificio de alto lujo en ciudades como Londres y se han realizado inversiones financieras de dudosa legalidad, que solo en 2015 fueron de 400 millones de euros procedentes de los fondos, supuestamente destinados a obras de caridad.
La Gendarmería Vaticana ha incautado documentación y material informático, prohibiendo la entrada a las instalaciones del Vaticano a cinco de sus altos cargos. No hay información de que se haya comunicado esta investigación a las instancias judiciales italianas o de otros países donde se han podido desarrollar operaciones financieras.
Hay que reconocer que Jorge Bergoglio, jefe de la iglesia católica ha iniciado esta investigación interna por corrupción, sin embargo, que la realicen las propias instancias vaticanas, sin ponerlo en manos de la justicia civil, muestra la pretensión de considerarse por encima de la justicia y el Estado civil, que consideran no debería investigarlos ni juzgarlos y mucho menos condenarlos, generando un marco de impunidad en muchos ámbitos.
Vemos que la Iglesia católica tiene sus intereses como potencia económica, realizando prácticas de dudosa legalidad, que el Estado debe de estar en capacidad de investigar y en caso necesario procesar y condenar, sin que el hecho de ser religiosos los exima de cumplir la ley. Por ello es importante que los Estados sean autónomos de las iglesias y jerarquías religiosas, que son organizaciones con intereses propios en diferentes ámbitos, ideológicos, políticos y económicos, los cuales no siempre son compartidos por toda la ciudadanía y en ocasiones pueden ser opuestos a la garantía de derechos de las personas o incluso violadores de la ley.
