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Redacción Nacionales
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Los representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) denunciaron que se ha llegado hasta el mes de diciembre y continúan los despidos de empleados públicos, por seguir una receta de cumplimiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) y aprovechar en generar dinero para otros sectores que están detrás.
Sonia Viñerta, dirigente de la CNTS, señaló que el Estado es el principal vulnerador de los derechos de la clase trabajadora, la primera institución en protegerla debe ser el Ministerio de Trabajo, al igual que la Procuraduría General de la República (FGR), Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, ocurre lo contrario.
Dijo que entre las distintas formas de vulneración a los derechos de los trabajadores está, la falta de entrega del documento donde se finaliza la relación laboral, las supresiones de plaza son ilegales, las personas trabajadoras deben acudir a las instituciones, aunque no hagan nada, porque son los funcionarios del Estado quienes vulneran los derechos a los empleados.
“Asistimos a la OIT con el respaldo internacional de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, a donde pertenece la CNTS, habló de Cuba, Colombia, Venezuela y El Salvador, sobre la vulneración de derechos laborales, que son coincidentes en el continente, pedimos que se ponga atención a la situación sindical y laboral de El Salvador”, indicó Viñerta.
Enfatizó que hay una imagen internacional de que El Salvador es una maravilla en derechos humanos, pero poco a poco ha ido cambiando, alzar la voz ante la comunidad internacional sobre la libertad sindical en el país, se ha logrado incidir para que el país no salga de la lista corta sobre violaciones a derechos laborales.
Mientras tanto, Erick Zelaya, sindicalista y representante de la CNTS, expresó que este es un gobierno en crisis, fracasado en el tema financiero, por endeudarse de forma estrepitosa y superar el endeudamiento de los gobiernos anteriores, llegó al punto de reducir gastos y necesita fondos para seguir funcionando.
El Salvador está ante un ajuste fiscal en marcha y se le está cargando los costos de la irresponsabilidad de este gobierno a los trabajadores, dijo.
“Se está despidiendo a miles trabajadores de salud, ahora llegan a hospitales y las están derivando a clínicas y laboratorios privadas, cuando se despide un trabajador lo que afecta es la calidad de servicios que se le ofrece a la población, por eso hay citas programadas de 6 meses a un año”, manifestó.
Según Zelaya, la población trabajadora que está siendo despedida siente una frustración, porque generalmente las instituciones no investigan contra el gobierno, pero hay varias instancias internacionales donde acudir, es de tener paciencia ya que los procesos son largos, solo en este año se han presentado 8 quejas a la OIT y hay un caso que ya está avanzando, otros casos se encuentran en la CIDH, aunque para llegar a estas instancias se deben agotar las nacionales.
Denunció que hay más de 550 directivos sindicales quienes según la Constitución tienen fuero sindical, es decir, no pueden ser despedidos, desmejorados, trasladados o sancionados, debido a su labor de sindicalistas deben hacer señalamientos a los patronales y por eso la ley los protege, por tanto, esos despidos son ilegales. También dijo que al menos 60 sindicatos del sector público han sido disueltos.
