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José M. Tojeira
Desde hace algún tiempo nos llegan quejas al Idhuca de jóvenes campesinos en Chalatenango sobre el comportamiento de miembros de la PNC y soldados estacionados en zonas fronterizas. A campesinos que tienen tierra en zona hondureña les confiscan semillas y cosechas si les sorprenden en puntos donde la tierra agrícola o ganadera abarca ambas partes de la imaginaria raya fronteriza. Personas que incluso durante la guerra cosechaban sin problemas en sus tierras binacionales, tienen hoy problemas al respecto. Especialmente a los jóvenes se es trata como sospechosos. Les han decomisado motos, insumos agrícolas, alimentos, o incluso les han acusado de diversos delitos sin pruebas.
Recientemente el Comité Promotor de Derechos Humanos de la comunidad El Manzano, en el muni
cipio de Dulce Nombre de María, nos ha hecho llegar copia de una carta respetuosa dirigida al Presidente Bukele en el que le solicitan que tome cartas en la situación que están viviendo y les ayude a tener una vida libre de violencia, en este caso ejercida por funcionarios y empleados del Estado.
En la carta, firmada por 46 personas se denuncia la detención de cuatro jóvenes sentenciados a 15 años, acusados de delitos que la comunidad niega. En Enero del presente año las autoridades se llevaron a diez jóvenes más del cantón acusándoles de los mismos delitos que sirvieron para detener a los cuatro anteriores. Uno de los nuevos detenidos, menor de edad, logró ser sobreseído definitivamente, pues el juez de menores manifestó “que no hay prueba para fundamentar dicho delito”. Quienes acusan a los jóvenes lo hacen en un contexto de diferencias ideológicas y políticas, sin dar datos fehacientes del supuesto delito y sin que las autoridades, policía y fiscalía, haya desarrollado una investigación seria de la situación.
Los firmantes sienten que están viviendo una situación de verdadera represión que está forzando a muchos jóvenes a plantearse la necesidad de emigrar. De hecho también consta en el Idhuca que en parte por esa situación, en las comunidades cercanas a la frontera se ha acrecentado la migración sin papeles hacia los Estados Unidos. Los 11.000 dólares que cobran los coyotes por colocarle sano y salvo al joven en Estados Unidos no suele ser obstáculo si el migrante tiene los suficientes apoyos de parientes o amigos en el norte que garanticen el pago.
En repetidas ocasiones desde el Idhuca hemos insistido en la necesidad de una política de juventud que impida la transmisión intergeneracional de la pobreza y que dé a los jóvenes no solo el respeto que se merecen, sino la posibilidad de desarrollar sus propias capacidades. Sin embargo, si miramos el mundo de los jóvenes en pobreza, vemos que son los más acusados de delitos, los más encarcelados, los que tienen los peores salarios, los que sufren serias privaciones tanto en el campo educativo como en el de la salud, los que sufren más agresiones sexuales, especialmente las mujeres jóvenes, los que más se ven obligados a emigrar dada la ausencia de un verdadero interés del Estado de enfrentar con seriedad el problema de la pobreza y la marginación. Las zonas agrícolas y las barriadas marginales de las ciudades grandes carecen en la práctica de la presencia del Estado.
Y el Estado parece apostar simplemente por priorizar en todo caso la presencia represiva y violenta, muchas veces ajena a las garantías constitucionales. Es precisamente en las zonas marginales, incluidos los cascos urbano de municipios de fuerte marginalidad, y en zonas rurales, donde se da el mayor número de ejecuciones extrajudiciales, algunas de ellas claramente atribuidas a la PNC. La voz de la comunidad del Manzano debe ser escuchada. Estas zonas rurales cercanas a la frontera han sufrido especialmente la guerra, continúan sufriendo la pobreza más extrema del país. Perseguirlas hoy con brutalidad solo pone las semillas de un Estado y una convivencia nacional organizada no solo desde la ley del más fuerte sino desde el abuso represivo y brutal de quienes las armas y las instituciones. Nuestros campesinos de los lugares más alejados se merecen nuestro respeto y nuestra solidaridad. La carta de nuestros hermanos de El Manzano es un grito en búsqueda de justicia que debe ser escuchado.
