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Diversos colectivos de periodistas se pronuncian ante lo que consideran una limitación al ejercicio periodístico de informar a la población. Foto Diario CoLatino/ Gloria Silvia Orellana

Llaman al Estado salvadoreño a la cordura y apego a la Constitución

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), la Colectiva de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información y la Mesa de Protección a Periodistas hicieron un llamado al Estado salvadoreño a la “sensatez”, luego de sus acciones  encaminadas a restringir el ejercicio periodístico, limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la de información de la población.

“Los mensajes de anoche (martes) de los diputados del oficialismo y partidos políticos afines, fueron intentando de una forma completamente equivocada, decir que la prensa ha sido vocera de las pandillas”, rechazó César Fagoaga, presidente de la APES.

“El papel no importa si quienes van a aplicarlas violan sistemáticamente las leyes y en eso sumado a la falta de garantías constitucionales, es una situación grave para cualquiera que hacemos periodismo en El Salvador”, sostuvo.

Las recientes reformas a la Ley de Proscripción de Pandillas y al Código Penal, endurece con penas de hasta 15 años de cárcel “cualquier manifestación que haga alusión a las pandillas”, ya sea por textos, pinturas, dibujos, graffitis y que tengan de fondo una alusión al control territorial de estos grupos delincuenciales.

Las reformas, de acuerdo con Leonel Herrera y Serafín Valencia, de la Mesa de Protección a Periodistas; Mónica Rodríguez, de la Colectiva de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, y César Fagoaga, de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), es una clara amenaza a la independencia de los medios de comunicación y la labor periodística.

“¿Cuál es el límite?, ¿Quién va a determinar que publicación está haciendo apología o está contraviniendo a la ley. Será la Fiscalía que responde al oficialismo, la Policía Nacional Civil que obedece al oficialismo o los militares ¿Quién determinará el límite?”, preguntó el dirigente gremial.

“Queremos hacer un llamado a la sensatez -aunque sabemos que es difícil- , un fiscal que se pliegue a la Constitución, que respete el trabajo periodístico. Porque el periodismo es necesario para entender el combate a la violencia. Y no se puede combatir algo si no se entiende y en esto ha sido fundamental el trabajo periodístico a lo largo de los años”, aclaró Fagoaga.

Las recientes reformas a la Ley de Proscripción de Pandillas y al Código Penal generan intranquilidad para el gremio periodístico y para los derechos de las mujeres periodistas en el país. Foto Diario CoLatino/ Gloria Silvia Orellana

Asimismo, reprochó la decisión del gobierno al decidir que al no mencionar una problemática, esta desapareciera de inmediato por simple exclusión, lo que consideró un error grave.

“Esto por muy estúpido que suene -es peligroso- porque hay un intento atrás de coartar la libertad de expresión y en este caso las reformas aprobadas no solamente atañen a medios de comunicación o tecnologías de la información a hacer referencia a esto si no también la población a recibir información, quieren que veamos hacia otro lado. La censura solo beneficia a los criminales ya sea estén en oficinas o afuera”, manifestó.

Otra preocupación que valoró el presidente de APES se relacionó en el material de investigación y de diario que preparan los periodistas en sus salas de redacción sobre la violencia, la seguridad ciudadana y las denuncias de personas afectadas.

“En esta cruzada aparentemente contra las pandillas, muchos periodistas estarán pensando -ahora mismo- los que están investigando sobre el repunte de homicidios estarán pensando si es conveniente o no publicar, recordemos eso porque no hay garantías constitucionales”, adujo.

“Últimamente (periodistas y medios de comunicación) han dado conocer que en este Estado de Excepción, se ha capturado a gente inocente y les digo, los periodistas se están pensando seriamente esta información, ahora que no hay garantías constitucionales”, expresó.

Mónica Rodríguez, de la Colectiva de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, se refirió a la intranquilidad para el gremio periodístico con estas nuevas disposiciones en un Estado de Excepción, pero también lo que implica a los derechos de las mujeres periodistas en el país. “Nosotras definitivamente estamos preocupadas por estas reformas y también repudiamos este tipo de medidas que vienen prácticamente a restringir las libertades y derechos que como periodistas tenemos, pero también hay que mencionar que ha sido un doble rasero de violencia para las mujeres periodistas”, añadió.

“Por su condición de mujeres y periodistas, las restricciones, las amenazas podrán aumentar en este sentido – esto lo digo-, porque ya desde APES, se han manejado cifras importantes de hechos (2021) con un incremento en un 165% de agresiones para mujeres periodistas”, expresó Rodríguez.

Las denuncias de mujeres en el ejercicio periodístico, no han cesado desde el 2020 que reportaron 26 casos. Estos aumentaron para el 2021con 69 casos de obstaculizar su labor y sus derechos ciudadanos, así como, en el primer trimestre del presente año, ya van registradas 15 denuncias de mujeres periodistas agredidas en el ejercicio de su trabajo.

“Las principales agresiones han sido las restricciones a su ejercicio periodístico, muchas de las colegas sabrán esto también, el acoso digital, en el cual, las mujeres periodistas hacen denuncias o destacan sus notas, reciben una serie de improperios al dar a conocer esa información y tenemos registros de desplazamientos forzados”, aseguró.

“Como mujeres en la Colectiva de Mujeres Periodistas estamos preocupadas por esta situación que podría agravarse para las mujeres en el actual contexto, por lo que queremos destacar un llamado a mantener la unidad, no solo las mujeres periodistas sino todo el gremio y que puedan hacer la denuncia , sabemos que no es fácil pero debemos unirnos”, indicó Rodríguez.

Mientras, por la Mesa de Protección a Periodistas, Leonel Herrera, quien es también director ejecutivo de ARPAS, manifestó, sobre las serias implicaciones e impactos que podrían generar estas reformas al ejercicio periodístico y al derecho de información de la gente, en lo que consideró “un contexto de arbitrariedad y falta de garantías legales“, en las que se encuentra el país desde el pasado 27 de marzo. “Nosotros queremos hacer un llamado al diálogo, a la sensatez, en este contexto de mucha confrontación, de mucha polarización, quisiéramos llamar al debate, como Mesa por la Protección de Periodistas, hemos planteado la disposición de conversar con las instancias del Estado para ver qué medidas se pueden tomar para asegurar el ejercicio periodístico y el respeto a la libertad de expresión”, observó. Herrera recordó que omo colectivo han elaborado y presentado diversas propuestas de ley ante la Asamblea Legislativa, para un marco de protección a la labor periodística y han realizado llamados en diferentes ocasiones coyunturales de país, por lo que consideran que se debe buscar el diálogo.

“El país saldrá adelante solo si dialogan y existen entendimiento entre todos, porque la confrontación y la polarización nunca ha sido el camino. Y el segundo llamado es al gobierno del presidente Nayib Bukele, e instancias del Estado, un acuerdo mínimo para la convivencia, en donde cada quien haga su trabajo, el Estado proveyendo políticas y legislando contra los problemas de país sean sociales, económicos, seguridad, corrupción y deje al periodismo hacer su trabajo de informar de lo bueno, lo malo y lo feo”, acotó Herrera.

Serafín Valencia (UCA), de la Mesa de Protección a Periodistas, lamentó que las reformas aprobadas profundicen un acto de “censura previa”, que reiteró está prohibido ejercerla en la Constitución de la República.

“Teníamos indicios de estas acciones en el 2021, cuando dos tribunales ordenaron bajar información a dos medios digitales, fue prohibida o censurada de manera directa por el órgano Judicial esta información. Ese fue el primer paso y ahora con las reformas es el segundo paso a violentar este derecho importante de la Libertad de Prensa, que garantiza otro derecho humano importante para la población que es el derecho a la información”, subrayó.

“Hago un llamado a la academia, porque si seguimos con esta dinámica podríamos llegar al nivel de una censura de algo importante como es la libertad de cátedra que le pondría la cereza al pastel de la censura; porque notamos que se busca una narrativa única, un discurso oficial único de propaganda, castrados de expresar nuestro pensamiento o tener acceso a la Libertad de Prensa”, concluyó Valencia.

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