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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Los 5 líderes ambientales de la comunidad Santa Marta han pasado un año en un proceso judicial carente de pruebas y a todas luces persecutoria, así lo cataloga la comunidad Santa Marta y las organizaciones que los acompañan.
El 11 de enero de 2023, Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes comunitarios de Santa Marta y directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), fueron detenidos por un supuesto hecho ocurrido durante el conflicto armado de los años ochenta. Tras un año, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha presentado pruebas fehacientes de lo señalado.
Actualmente, los defensores se encuentran en arresto domiciliario desde el 5 de septiembre del año pasado siguiendo el proceso judicial, el arresto domiciliario se logró debido a las constantes luchas del movimiento social y comunidad organizada que desde el primer día no dejaron solo a los líderes comunitarios.
Los defensores ambientales son acusados de cometer un presunto asesinato en 1989, durante la guerra civil. Sin embargo, las señales en el gobierno de Nayib Bukele de una posible reactivación de proyectos mineros hace pensar que el proceso judicial en contra de los ambientalistas busca debilitar la resistencia comunitaria al respecto. Lo anterior, tomando en cuenta que los detenidos fueron parte de la lucha por prohibir la explotación de la minera metálica en el país en el 2017, gracias a una fuerte organización comunal.
La Comunidad Santa Marta y ADES ha pedido a la FGR que retire el proceso que lleva en contra de los líderes por la falta elementos probatorios. Han pedido el sobreseimiento definitivo y que se cierre el caso. La semana pasada la comunidad Santa Marta, ADES, abogados y académicos de diferentes países presentaron una carta al fiscal general para cerrar el caso.
Diversas organizaciones sociales han reiterado que la acusación penal es improcedente debido a la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada el 23 de enero de 1992 y puesta en vigencia nuevamente por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016 cuando derogó la Ley de Amnistía.
A pesar de que el supuesto hecho habría ocurrido en los años ochenta, a los 5 líderes se les ha aplicado un protocolo como al resto del régimen de excepción, por tal, el sistema de “justicia” los puede mantener en prisión indefinidamente.
