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Por Leonel Herrera*
Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y ADES Santa Marta anunciaron esta semana que la detención arbitraria e ilegal de los líderes comunitarios es ya un caso en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que ha recibido y dado trámite a una solicitud de medidas cautelares presentada hace algunas semanas.
Según informaron representantes de dichas organizaciones, la CIDH ya solicitó información al Estado salvadoreño sobre la situación carcelaria de los defensores ambientales y las irregularidades del proceso judicial denunciadas en la petición de medidas cautelares.
En tal sentido, surge la duda sobre si las autoridades salvadoreñas responderán con seriedad y verdad; o si contestarán con mentiras negando los abusos, ilegalidades y el trato cruel contra los activistas anti mineros, como hicieron con la petición de información de la Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos y otras instancias des Naciones Unidas.
En esa ocasión, el Estado respondió negando las violaciones al debido proceso penal y justificando la farsa judicial contra los líderes comunitarios. Las instancias peticionarias de la información no creyeron el falso relato estatal y exigieron la libertad de los detenidos. “Sigo preocupada. Deben ser liberados”, escribió en Twitter Mary Lawlor, relatora sobre defensores de derechos humanos, tras recibir la falaz respuesta de las autoridades fiscales, judiciales y penitenciarias del país.
¿Harán lo mismo otra vez, con el riesgo de que la CIDH tampoco les crea? ¿O admitirán las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso? El Estado todavía está a tiempo de evitar ser señalado y condenado por la justicia interamericana revirtiendo la barbarie cometida contra los defensores ambientales, al menos revertir la detención y otorgar medidas sustitutivas a la prisión.
Para esto urge que el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque haga cuanto antes la audiencia de revisión de medidas y permita que el proceso continúe en libertad. Esta audiencia fue ordenada el 30 de junio por la Cámara Penal de Cojutepeque, pero la jueza María Elizabeth Amaya Rivera se niega a realizarla aun cuando podría estar cometiendo el delito de incumplimiento de deberes.
Como se ha denunciado públicamente, esta “aplicadora de justicia” también extendió innecesariamente por seis meses más la fase de instrucción y postergó la audiencia preliminar hasta febrero de 2024. Además, rechazó una petición de nulidad de la acusación basada en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992 que recobró vigencia con la sentencia de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía emitida en julio de 2016.
Otra opción sería que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelva pronto y favorablemente el recurso de Hábeas Corpus presentado también por Tutela Legal y ADES hace más de dos meses.
¿Lo hará el Estado salvadoreño o preferirá mentirle a la CIDH y continuar con la persecución legal contra los activistas ambientales que defienden el agua, el medioambiente y la vida gravemente amenazadas por la minería metálica? Lo más probable es que mienta y siga criminalizando a los líderes comunitarios, a no ser que una mayor presión de todas las organizaciones sociales y de la ciudadanía crítica obligara al gobierno a revertir esta grave injusticia.
Ojalá que así fuera.
*Periodista y activista social.
