Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La fundación independiente y apolítica Lawyers for Lawyers (Abogados para abogados) hizo un llamado urgente al gobierno de El Salvador para que cumpla sin demora, de manera inmediata y efectiva las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para garantizar la protección de los derechos a la vida, integridad personal y salud de los abogados Ruth López y Enrique Anaya.
En particular pidió poner fin de inmediato a la situación de incomunicación prolongada; garantizar su bienestar físico y mental; y asegurar el acceso oportuno a sus representantes legales, familiares y a los tratamientos médicos adecuados.
“La CIDH determinó que ambos profesionales del derecho se encuentran en una situación de grave riesgo y urgencia, con amenaza de sufrir un daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud. Estas medidas responden a hechos alarmantes que suscitan seria preocupación internacional”, señaló a través de una carta la organización de abogados.
Ruth López, abogada constitucionalista y directora de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue arrestada el 18 de mayo de 2025 acusada de presunto enriquecimiento ilícito.
Durante dos días su paradero fue desconocido, configurándose una desaparición forzada, pese a una orden judicial que disponía su permanencia en una delegación policial por motivos de salud. El 4 de julio fue trasladada a un centro penitenciario, donde permanece incomunicada, sin acceso a su defensa ni a familiares.
El abogado constitucionalista Enrique Anaya fue detenido el 7 de junio de 2025, acusado de lavado de activos, poco después de expresar públicamente críticas sobre medidas gubernamentales y sobre la detención de la abogada López.
Desde hace varias semanas, su equipo legal no ha logrado comunicarse con él, esta situación resulta especialmente preocupante dado que el abogado padece una enfermedad que requiere tratamiento médico.
Para Lawyers for Lawyers, estas detenciones, además de vulnerar garantías básicas del debido proceso, incluyendo la imposición de prisiones preventivas sin fundamento suficiente, la incomunicación prolongada y la ausencia de acceso efectivo a la defensa técnica, parecen constituir represalias directas contra el ejercicio profesional de la abogacía y la libertad de expresión.
El 30 de julio de 2025, la Relatora Especial de la Naciones Unidas por la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas expresó preocupación por la detención de Ruth López, señalando que había sido criminalizada en represalia por su labor como abogada y defensora de derechos humanos, lo cual fue tomado en cuenta por la CIDH para su decisión.
Recalcó que El Salvador, como Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene la obligación internacional de garantizar los derechos a la libertad, seguridad personal, debido proceso y acceso a la justicia.
La organización pidió cesar de inmediato toda forma de acoso, intimidación y criminalización contra abogados en El Salvador, reconociendo su labor esencial en la defensa del Estado de derecho y los derechos humanos.
