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*Por Leonel Herrera Lemus
La gestión gubernamental que preside Nayib Bukele y la pandemia de COVID-19 han sido los factores determinantes de las dinámicas políticas, económicas, sociales y ambientales del país durante el 2020. Este texto recapitula muy resumidamente las principales tendencias que hemos abordado a lo largo del año en los espacios informativos, de análisis y de opinión editorial de ARPAS. La lista no se agota y deja a las personas lectoras la tarea de complementarla.
1. Restricciones a la libertad de expresión, al ejercicio periodístico y al derecho de información. Estas libertades fundamentales de la democracia han sido vulneradas de diversas formas: descalificación, estigmatización y linchamiento digital de periodistas, medios, analistas y activistas críticos de la gestión gubernamental; restricciones al acceso a la información pública y asignación excluyente de la publicidad estatal. A esto se suman el abuso de las cadenas de radio y televisión, la pérdida de independencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la intervención gubernamental de la línea informativa y editorial de medios privados bajo régimen de extinción de dominio y la creación de emporio de medios estatales que actúan como aparato de propaganda del gobierno de turno alejados de la función plural de medios públicos.
2. Falta de rendición de cuentas, transparencia y anticorrupción. La gestión gubernamental se ha caracterizado por la opacidad, especialmente en la ejecución de fondos públicos durante la emergencia sanitaria: la Fiscalía investiga el uso irregular de cientos de millones de dólares en los ministerios de Salud, Agricultura, Turismo, Obras Públicas, entre otros. Los hallazgos incluyen compras a sobreprecio, de productos defectuosos o asignadas a funcionarios públicos, a familiares y a miembros de Nuevas Ideas. En todos los casos Bukele ha negado que haya irregularidades, ha defendido a los funcionarios señalados y hasta mandó agentes policiales a tratar de impedir allanamientos fiscales que buscaban pruebas de posibles delitos de corrupción.
3. Estilo de gobierno confrontativo, autoritario y antidemocrático. Bukele ha instaurado la confrontación con los demás poderes estatales como forma de gobernar y el irrespeto a los procesos institucionales como la nueva cultura política. Como buen populista ha creado un enemigo, al que llama “los mismos de siempre” y son los responsables de todos los males: diputados de oposición, magistrados de la Sala de lo Constitucional, el procurador de derechos humanos, el fiscal general (cuando no le gustan sus actuaciones), medios críticos y todos los que disienten. El intento de golpe contra la Asamblea Legislativa el pasado 9 de febrero, es el hecho más emblemático. El mandatario asume el alto respaldo popular como carta blanca para no dialogar ni concertar y para pasar por encima de las reglas democráticas, violentar la independencia de poderes y menoscabar el estado de derecho.
4. Desnaturalización de las instituciones públicas. La instrumentalización política de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil convertida en cuerpo de agentes gubernamentales, el control presidencial del IAIP y la pérdida de eficacia de instancias como el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), son muestras de un proceso de descomposición institucional que constituye un grave retroceso histórico. La situación del ejército y de la policía son especialmente graves y representan un violación flagrante de los Acuerdos de Paz.
5. Debilitamiento de políticas sectoriales. Aunque se mantuvieron algunos programas sociales implementados en gobiernos anteriores, diversos sectores se han visto más vulnerables y afectados en el cumplimiento de sus derechos, sobre todo las mujeres, las niñas y la diversidad sexual, que se vieron particularmente afectados durante la cuarentena domiciliar obligatoria.
6. Sesgo anti ambiental de las políticas gubernamentales. Con el argumento de “no detener el desarrollo”, el Ejecutivo ha autorizado proyectos en zonas de riesgo o que podrían causar daños ambientales. Con ese pretexto Bukele no ratificó el Acuerdo de Escazú y avaló el proyecto urbanístico “Valle El Ángel”, ubicado en las faldas del cerro El Picacho y sobre una zona de recarga hídrica que alimenta al acuífero de Nejapa, a pesar de la protesta de organizaciones ecologistas, iglesias y comunidades de la zona. El ministro de Medioambiente dice que “los permisos no pueden negarse”. Los intereses económicos de la oligárquica familia Dueñas son más importantes que la necesidad de proteger el ecosistema y de evitar tragedias socio-ambientales.
7. Endeudamiento público y crisis de las finanzas estatales. El endeudamiento del país ha superado límites históricos: según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la deuda externa representa el 92 % del PIB. Para generar nuevos ingresos el gobierno apuesta por préstamos, bonos y deuda de corto plazo (LETES y CETES), y no hace un combate real a la evasión tributaria ni impulsa una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienes más”. Esto podría generar una crisis de finanzas públicas sin precedentes que derive en una debacle económica. El presupuesto estatal 2021 se basa en proyecciones poco realistas de crecimiento económico y de recaudación de impuestos.
8. Visión reduccionista de la seguridad pública. Este gobierno no cuenta con un plan integral de seguridad pública que combine estrategias de prevención de la violencia, represión del delito, rehabilitación de delincuentes y atención a las víctimas de violencia. El principal objetivo del cacareado “Plan Control Territorial” parece ser la reducción de asesinatos, dejando de lado las desapariciones, extorsiones y los feminicidios. La publicitada reducción de homicidios es, además, sospechosa, pues investigaciones periodísticas de El Faro señalan posibles negociaciones del gobierno con las pandillas.
9. Prevalencia de la impunidad de violaciones a derechos humanos. Los delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidos antes y durante la guerra civil continúan impunes. Las víctimas, sus familiares y organizaciones aún no consiguen el conocimiento de la verdad, el acceso a la justicia y dignificación de las víctimas. Bukele les engañó prometiendo apoyo y luego negando el acceso a los archivos militares. A esto se suma la inacción de la Fiscal y el Sistema Judicial en la mayoría de casos, así como la negativa de la Asamblea de aprobar la ley de reconciliación ordenada por la Sala Constitucional en 2016 cuando derogó la ominosa Ley de Amnistía.
10. Difusión de “narrativas fake”. El relato presidencial se compone de narrativas que incluyen información falsa, discursos de odio, ínfulas de grandeza y de distorsión de la historia, que pretende resignificar acontecimientos históricos, en sintonía con los nuevos sentidos que el bukelismo busca instalar el imaginario social. El 17 de diciembre el presidente fue a El Mozote a decir que “los Acuerdos de Paz y la guerra son una farsa”.
11. Continuidad de lógicas neoliberales. Bukele comulga con el neoliberalismo, lo dijo en su discurso en la Fundación Heritage poco antes de asumir la presidencia y lo ha demostrado ya en el ejercicio de su cargo. Hasta ahora no ha impulsado una solo medida antineoliberal, no ha cuestionado la alta concentración de la riqueza (Según OXFAM 160 millonarios acaparan 21,000 millones de dólares equivalentes al 87 % del PIB), no reniega del carácter regresivo del esquema tributario, realiza privatizaciones bajo la modalidad de “asocios público-privados” y pone los intereses de los inversionistas por encima de la protección ambiental. Por algo Dueñas, Poma, Kriete y otras familias oligárquicas, a las que Bukele considera “los empresarios más importantes del país”, parecen conformes con su gestión.
12. Permanente estrategia electoral. Todo el actuar gubernamental tiene clave electoral y apunta hacia la consecución del gran objetivo del 28 de febrero próximo: tomar el control de la Asamblea y, desde ahí, tomar el resto de la institucionalidad estatal, sobre todo, la Sala Constitucional, la Fiscalía y la Corte de Cuentas. El reparto de millones de paquetes alimentarios, los publicitados anuncios de proyectos y todo lo que emanan del aparato de propaganda tiene fines electorales. Incluso, el presupuesto 2021 se convirtió en el principal “caballito de batalla electoral”: Bukele no acepta el que aprobó la Asamblea y advierte que aprobará otro con la siguiente legislatura que, según todas las encuestas, estará dominada por su partido. Esa nueva correlación parlamentaria y todas sus consecuencias, sin duda, es lo que marcará las tendencias de 2021.
*Director ejecutivo de ARPAS.
