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El abogado Tito Zelada, a título personal, interpone una denuncia en el Tribunal de Ética Gubernamental contra los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional por las decisiones arbitrarias tomadas en la destitución de su cargo como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Foto Diario Co Latino/ Ludwin Vanegas.

“Las sentencias de la Sala son encaminadas a favorecer a ciertos grupos y obstaculizar a otros”

@JoakinSalazar

“Las sentencias de la Sala son encaminadas a favorecer a ciertos grupos y obstaculizar a otros”, así resumió el abogado Tito Zelada, que denunció a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras casi un año de no resolver su demanda de amparo por ser destituido de su cargo como Presidente del Concejo Nacional de la Judicatura.

El abogado, acompañado de otros abogados, denunció ante el Tribunal de Ética Gubernamental, puesto que no han resuelto su caso, hecho que a juicio del abogado responde a que los magistrados de la Sala responden a intereses personales y de una agenda que sólo beneficia y responde a las minorías del país, la oligarquía salvadoreña.

“Estamos solicitando la condena ética, porque presenté una demanda de amparo hace once meses y no me han dicho nada, así hay otras demandas que tampoco le hacen caso, para ellos (los magistrados) las protestas de la población no es nada, no progresan las denuncias en su contra, pero nosotros estamos agotando todos los medios legales coercitivos y legales”, explicó

y es que la denuncia del abogado, ex presidente del CNJ, responde a que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos determinó, meses atrás, que hubo mala intención de parte de los magistrados al declarar la inconstitucionalidad del nombramiento de Zelada en abril de 2015, lo que conllevó a que saliera del cargo cinco meses antes de que terminará su periodo.

Anteriormente, el abogado denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los magistrados por prevaricato y actos arbitrarios, denuncia que espera que el Fiscal General, Douglas Meléndez se pronuncia a su favor. “Aquí hay unas cosas que debieron haberse estudiado antes, que ya están por extinguirse y no se ha hecho,  es decir, que la Ley no es igual para todos, y cada vez que se habla contra la Sala, mucha gente se tira a defender sin conocer la sentencia, nosotros estamos, con varios compañeros, por ir a organismos internacionales”, comentó el abogado. Zelada informó que junto a esta denuncia, él interpondrá una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no porque busque una indemnización por ser relevado de su cargo, sino porque la población salvadoreña debe conocer como ha sido manoseadas las instituciones públicas. “Todas estas cosas se pueden revertir con la esperanza de los nuevos que lleguen a la Sala de lo Constitucional”, explicó Zelada. De igual manera, el abogado criticó que los magistrados de la Sala de lo Constitucional no fueron electos de forma popular, dado que Belarmino Jaime y Sidney Blanco no estaban incluidos en la lista oficial entregada por el Consejo Nacional de la Judicatura y el sector de abogados para su elección, sino que ellos fueron agregados después.

“Son dos listados de quince, y no quedaron, de repente aparecieron en la lista del CNJ, sin estar porque no se puede ir a elecciones y presentar en el Consejo, se fueron a elecciones no quedaron y de repente aparecen en el listado aprobado por el CNJ, ese fue un arreglo de los que ellos ahora denuncian”, dijo Zelada.

Para el abogado, su interés primordial es demostrarle a la población que desde un inicio esta Sala de lo Constitucional tuvo su propia agenda e intereses contrarios al pueblo salvadoreño, además, los magistrados han dado muestras que pretenden dañar a un sector de la población salvadoreña a través de sus sentencias, como las resoluciones en la sección de Probidad. “Los magistrados no tuvieron criterios para iniciar una investigación en la Sección de Probidad, con una ley de 1959, que es pre Constitucional, que ellos explican en otras resoluciones, que este tipo de normativa está declarada tácita, pero por lo menos hubieran dicho poner indicadores para iniciar la investigaciones, pero no, ellos dijeron que por olfato, el cual no es un criterio técnico”, puntualizó.

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