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Josue Parada
Patricia Meza
@DiarioCoLatino
A María N., remedy de 17 años, le pareció atractiva una publicidad que vio en redes sociales, que ofertaba trabajo en una pasarela. Ropa, maquillajes y otras regalías parecían los beneficios perfectos para iniciar la ilusión de convertirse en una súper modelo. Fue citada a un centro comercial de San Salvador, pero esto sólo fue el anzuelo, con engaños fue explotada sexualmente.
La red de trata de personas que engañó a María y a otras jóvenes, ofreciendo sus servicios sexuales en centros comerciales, cobraba entre 50 dólares y 300 si era virgen. Este caso pasó a juicio y se convierte en uno de los pocos que en el país es judicializado, por explotación sexual comercial.
En El Salvador, un tratante de personas puede fácilmente superar el presupuesto general de la nación con la explotación humana. Una víctima de trata, casi nunca recibe compensaciones por su trabajo obligado.
Después del tráfico de armas y drogas, la trata de personas, o esclavitud del siglo XXI es la actividad ilícita que genera más dinero en el mundo y aunque no se puede hablar de una cifra específica, se sabe que son millones los que perciben las redes de delincuentes que se dedican a este delito.
Sin embargo, en la prevención, erradicación y resarcimiento de daños a las víctimas de este delito, entra en escena el factor económico de las autoridades.
Las necesidades son muchas, pero los recursos no son los suficientes. Una víctima de trata necesita para resarcir los daños, atención médica, psicológica, resguardo, no ser revictimizada, entre otras necesidades, dependiendo cada caso.
Según la Ley Especial Contra la Trata de Personas en El Salvador, el Estado debe hacer una asignación correspondiente al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, además de recibir donaciones y cooperaciones de instituciones nacionales y extranjeras.
El presupuesto general de la nación para el presente año destinó 422.7 millones de dólares al ramo de Justicia y Seguridad Pública, de este monto dicha entidad derogó $40 mil para la Secretaría del Consejo Nacional Contra la Trata de personas. Otra fuente de ingresos es el 15% de los fondos que provengan de la venta de bienes, productos u objetos de delito que hayan sido incautados.
“Desde mi experiencia, el tema de los recursos del Estado para el abordaje de cualquier fenómeno siempre será delicado, ya que los recursos, en cualquier país del mundo siempre serán limitados. El Salvador no escapa a esa realidad, ya que somos un país en vías de desarrollo con múltiples necesidades y problemas que atender”, manifiesta el sub inspector de la Oficina de Investigación de Trata y Tráfico Ilegal de Personas, Joel Salinas.
Expertos coinciden en que es necesario incrementar los fondos del consejo para combatir la trata. La Secretaria Ejecutiva de esta entidad, Fátima Ortiz, considera que “el Estado debe aportar más fondos para mejorar la atención de las víctimas, y si, una buena fuente de dinero es el dinero que proviene de las redes de tratantes. Para el próximo año el Ministerio de Justicia ha asignado aproximadamente 15,000 dólares más para la Secretaría del Consejo para ayudar en la coordinación de las instituciones miembros”, manifiesta Ortiz
Según la secretaria, el tratamiento de una víctima de trata ronda los 2 mil dólares por seis meses. Actualmente atienden diez víctimas.
Al esfuerzo estatal se unen los de organismos no gubernamentales que trabajan internacionalmente contra la trata de personas, Save the Childen es un ejemplo de ONG que trabaja en El Salvador en la prevención y atención de víctimas.
“Tiene actualmente un fondo pequeño de aproximadamente 400,000 dólares para dos resultados enfocados uno a la prevención y otro a la atención a víctimas para dos años de vigencia. Este proyecto es financiado por la Unión Europea¨, informa Ludin Caballero de Chávez, Directora de Operaciones de Programas de Save the Children.
Aunque no hay datos precisos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), considera que hay entre 10 y 30 millones de personas esclavizadas alrededor del mundo, lo que evidencia que hay ganancias millonarias para los tratantes y sus cómplices.
Países como Arabia Saudita, Sudán, Corea del Norte, Zimbawe, entre muchos, son señalados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como países que hacen menos esfuerzo en combatir dicho delito.
Latinoamérica no escapa a la sombra de la trata, el Caribe y lugares con gran atractivo turísticos son escenarios donde este fenómeno gana terreno y alcanza a la población de diferente estratos social.
Y en el caso de El Salvador durante años este delito pasó como uno más de la larga lista de hechos delictivos cometidos en el territorio. La impunidad y el archivo de los casos fueron cómplices para que la mayoría no conocieran sentencia, mucho menos castigo para los imputados.
Fue hasta el 2011 que por decreto ejecutivo se crea la Política Nacional contra la Trata de Personas y con ello nace el Consejo Nacional contra la trata de Personas.
Esto abrió las puertas para tener otra visión de este delito y disponer más esfuerzos de parte del Estado para combatirlo. Tres años después y luego de 14 meses de discusión en el parlamento, la Asamblea Legislativa aprobó con 81 votos la Ley Especial Contra la Trata de Personas en El Salvador; dicha ley es el marco jurídico que rige el combate, la prevención y el resarcimiento de este delito.
El Consejo es el encargado de abordar esta temática, funciona bajo la coordinación de ministerios públicos, siendo el de Justicia y Seguridad Pública quien lo dirige a través de su representante.
Save the Children realiza diversas actividades para combatir la trata de personas, y también creen que el Estado debería aumentar los fondos para erradicar dicho delito.
Esta organización considera pertinente la propuesta de aumentar los fondos para prevenir que nuestra población se convierta en víctima y además que de los bienes incautados se destine un porcentaje al fortalecimiento de programas.
“Los fondos siempre son escasos, esa es una premisa en todo tema pero la clave está en utilizarlos de forma eficiente”, añadió de Chávez.
Y destaca que es necesario de una mejor comunicación y articulación interna dentro de cada una de las instituciones rectoras o con algún grado de participación en la prevención, atención o combate a la trata de personas, para luego comunicarse y articularse interinstitucionalmente.
Para Erika Rusconi, Coordinadora Técnica del Consejo Nacional contra la Trata de Personas en El Salvador, se están haciendo esfuerzos por parte del Estado para incluir en los planes operativos el abordaje de la trata de personas.
Rusconi señala que el Ministerio de Salud está haciendo una reestructuracion en sus lineamientos de atención para víctimas; la misma PNC fortalece la unidad de trata esperando sea incluido en el organigrama para contar con independencia operativa y económica; la FGR cuenta con una unidad especializada sobre este delito entre otros esfuerzos que coordinan el trabajo operativo, pero no hay datos sobre los montos económicos que se utilizan.
Y existe la posibilidad de que se inicié un Fondo de Atención a víctimas que podría incluirse en el presupuesto del otro año.
“Yo creo que si cabe la reforma en la asignación presupuestaria de los bienes incautados, por la Ley de extinción de dominio, pero se esta viendo la posibilidad para hacerlo”, agregó.
Y añadió que el tema del presupuesto para implementar una Ley nueva, siempre será un desafío, pero se puede lograr, con la voluntad política de los miembros del consejo, “que es una voluntad sin precedentes, que es de reconocer.”
La utilización eficiente de los recursos, los esfuerzos de todas las instituciones que conforman el consejo y privadas, también de la sociedad misma, deben tener claro que la reducción de víctimas es posible si se tiene un mejor presupuesto para aumentar las campañas de sensibilización, que ayuden a la prevención y el resarcimiento de daños a las víctimas y que podría evitar que miles de Marías N. caigan en las manos de los tratantes.
