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Al final de la semana anterior se conoció de otra resolución de los cuatro miembros de la Sala de la Constitucional, store que atentan contra la ciudadanía.
Ya, en anteriores resoluciones, los cuatro magistrados de siempre, es decir, Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Rodolfo González, han puesto en peligro la gobernabilidad del país y a la ciudadanía misma.
Hace un par de semanas, los cuatro magistrados, apegándose a la agenda y estrategia de ARENA, de hacer fracasar a este Gobierno como lo intentó con el Gobierno de Mauricio Funes, suspendió, al admitir una demanda de inconstitucionalidad ordenada por ARENA, la colocación de 900 millones de dólares en bonos, los cuales se invertirían en áreas como la seguridad pública, la salud y la educación.
De hecho, los primeros cien millones de dólares que el Gobierno había transado, iban a ser invertidos en la seguridad, para darle un mejor equipo a los policías y mejorar la infraestructura policial. Pero, de forma perversa, los cuatro magistrados arriba mencionados, aprovechando la independencia y el poder que les da la Constitución, más el supra poder que les ha otorgado el gran capital y el partido ARENA, ordenaron la no utilización de esos fondos en la seguridad.
En una nota de Transparencia Activa, publicada el sábado pasado, en la página 2, se hace un recuento de las resoluciones que de la Sala han emanado, y que afecta directamente al órgano Ejecutivo, y por ende al pueblo, ya que el erario público dejó de percibir $123 millones de dólares.
Las sentencias de afectación de las finanzas del Estado comenzaron cuando los cuatro magistrados declararon inconstitucional el financiamiento del FONAT, pero dejando la obligatoriedad económica al estado para los accidentados.
Y hay otras, tan graves como esta, pero, sin lugar a dudas, la más peligrosa y perversa es la de marzo, que se puso en vigencia, y mayo, pero que se conoció hasta finales de la semana pasada, y que tiene que ver con el impedimento a la compra directa de las medicinas.
A menudo, los empresarios de derecha, los políticos areneros, y la misma población se queja de la inexistencia de algunos fármacos. Muchas de esas quejas son interesadas y a veces hasta infundadas, pues, gracias a la compra directa, el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, había logrado llevar la existencia de medicamentos hasta en un 90%, sino es que más.
En los gobiernos de ARENA, los medicamentos en los hospitales no llegaban ni al 60%, pues, además de que el Gobierno compraba medicamentos a los laboratorios nacionales a punto de vencer y caros, preferían que el paciente comprara los medicamentos, y solo daban las recetas.
Con Funes primero, y con Salvador Sánchez Cerén después, se ha ido fortaleciendo una política de abastecimiento de medicamentos en los hospitales, de forma tal que el país ha superado cualquier crisis, gracias a la compra directa, lo que le permite no solo obtener el médicamente casi inmediato, sino a mejor precio y de buena calidad.
Con la decisión de la Sala, sin lugar a dudas, hay un retroceso, que pone en peligro la salud de los y las salvadoreñas.
Cuando no haya medicinas en los hospitales, los pacientes deben ir a reclamarle a los cuatro magistrados de la Sala de la Constitucional.
