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En la propaganda del actual gobierno se le ha hecho creer a la ciudadanía que está combatiendo, de forma decidida, la corrupción. Sin embargo, lo que realmente está sucediendo es que bajo la bandera de la corrupción está persiguiendo a la oposición política.
Diario Co Latino ha conocido que muchos de los alcaldes de la oposición, llámense ARENA y FMLN, han renunciado públicamente de sus institutos políticos bajo la amenaza de si no lo hacen iniciarán procesos judiciales contra ellos por corrupción. Y así, muchos alcaldes de ambos institutos políticos han renunciado públicamente a sus partidos políticos.
El Ministerio de Hacienda, incluso, creó una instancia para hacer auditorías a las alcaldías, a pesar de que esa labor le corresponde a la Corte de Cuentas de la República.
Los alcaldes de la oposición que no han renunciado han sido demandados ante la Fiscalía General de la República, que inmediatamente ha aceptado los casos e iniciado los procedimientos “de ley”. Este tipo de chantaje podría también calificarse como “extorsión política”.
Casi una decena de exfuncionarios del FMLN y un par de ex funcionarios de ARENA, entre ellos el ex alcalde Ernesto Muyshondt se encuentran en prisión, sin atender los procedimientos de ley, pues se les está aplicando el régimen de excepción. Estos casos, puede afirmarse, son parte de la vendetta política del actual gobierno, sin embargo lo ha vendido como parte del combate a la corrupción.
Muchos en la población repiten la idea de que no es lo mismo “persecución política que perseguir políticos corruptos”, cuando en realidad no se trata de persecución de corruptos, sino de persecución política como lo han denunciado los afectados, y así lo reconocen en la institución.
Este gobierno persigue a los dirigentes de las ONGs que legalmente obtuvieron fondos públicos para financiar proyectos de beneficio para las comunidades donde el Gobierno no invirtió. Lorena Peña, ex presidente de la Asamblea Legislativa, y dirigente histórica de las Mélidas, desde donde ha trabajo por la defensa de los Derechos de las Mujeres, es una de las perseguidas políticas bajo la “sospecha” de corrupción.
Y muchos de otros dirigentes de otras ONGs están siendo difamados y perseguidos por “presunta corrupción”.
La prueba es tal que los dirigentes políticos y diputados aliados en la Asamblea, y que tienen sus propias ONGs no están siendo investigadas, es decir, persiguen solo a los que consideran opositores.
Y es que si este gobierno en efecto persiguiera la corrupción no hubiera, en primer lugar, sustituir la LACAP, un cuerpo de ley para evitar la corrupción en los procesos de contratación de obras públicas, por otro que en efecto facilita y legaliza la corrupción.
Con el discurso de modernizar las compras y contrataciones del Gobierno, el presidente Nayib Bukele mandó a aprobar en la Asamblea Legislativa, la Ley de Compras Públicas.
Esta ley permite que funcionarios del gobierno puedan contratar obras con el Gobierno, sobre todo a través de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), la institución creada para manejar los fondos que deberían manejar las alcaldías municipales.
Esta ley y las misma DOM, son ejemplo que en El Salvador, y con este Gobierno no hay una lucha frontal contra la corrupción, y lo que ha ocurrido con la es legalizar la corrupción, así mientras a la oposición la persiguen por supuestas violaciones a la LACAP, el gobierno actual se escuda en la Ley de Compras Públicas, que legaliza lo que antes estaba contemplado como actos de corrupción gubernamental.
Si este gobierno estuviera preocupado por la lucha contra la corrupción, no hubiese dado motivos para que El Salvador fuera expulsado de Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés).
Recientemente, fue noticia que El Salvador dejó de ser miembro de la OGP, debido al retroceso del país en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Es decir, El Salvador tiene un gobierno donde se practica la corrupción.
La OGP es una iniciativa multinacional creada el 20 de septiembre de 2011, por ocho Estados: Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, pero en la actualidad cuenta con 70 miembros, menos El Salvador, desde la semana antepasada.
La Alianza para el Gobierno Abierto “es una iniciativa multilateral dirigida a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, combatir la corrupción y aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la …”, a esto es lo que ha renunciado el gobierno del presidente Bukele, entonces, ¿realmente este gobierno lucha contra la corrupción? No, por lo tanto el tema de la corrupción es otra incoherencia más del actual gobierno.
