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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Cuando un periódico como El Diario de Hoy, en su primera plana del 3 de abril, afirma que “37,000 contratados por el FMLN complican al Estado”, de inmediato se debe buscar con que intención lo hace; surge lo que la derecha ha querido siempre: privatizar servicios y despedir empleados públicos como lo intentaron bajo el mandato de Francisco Flores Pérez, en el campo de la salud.
En primer lugar, el FMLN es un partido político, no contrata empleados públicos; el FMLN propuso en 2009 y 2014 candidatos a la Presidencia y Vice Presidencia de la República, que ganaron las elecciones; en esta década que se completará el 31 de mayo, el sector público ha recuperado su rol de brindar servicio a la población, especialmente a la más necesitada y en la educación, la salud y la seguridad pública. La naturaleza de los servicios en esos campos implica contar con recurso humano calificado, es de ellos que la derecha buscará prescindir a partir del 1 de junio. No sería extraño, pues a lo largo de estos años cada vez que se discutía el Presupuesto General del Estado, criticaron la cantidad de empleados.
Vale la pena puntualizar algunas novedades de los últimos años en la estructura del Estado. Lo que no existía y hoy existe: Ciudad Mujer en seis departamentos que prestan servicios a cientos de miles de mujeres; los oficiales de información en cada institución del Estado y el Instituto de Acceso a la Información Pública, hospitales nuevos y Equipos Comunitarios de Salud Familiar, más conocidos como ECOS; servicios de salud oftalmológico, de corazón, riñón, o para curar cáncer para miles de salvadoreños.
Los maestros que en gobiernos de derecha, eran contratados por las directivas comunales vinculadas al partido Arena, cambiaron su régimen de contrato a partir de 2010, pero hay que reconocer que ya existían y existía el servicio brindado a la población rural.
Tampoco existían muchos juzgados creados en este lapso y con ellos otros miles de empleados del Órgano Judicial y de la Fiscalía General de la República, de la PGR y de la PDDH; todos los agentes y oficiales de la Policía Nacional Civil, graduados en la Academia e incorporados como miembros de ese cuerpo policial.
Funcionarios del sistema judicial, de la PNC, del sistema público de salud, del Ministerio de Educación y de estas entidades que cobraron vida en los últimos nueve años, son parte de la clase trabajadora, son parte de los empleadas y empleados públicos, aunque el FMLN, es ajeno a sus contrataciones como agentes, enfermeras, médicos, sicólogos, maestros, promotores de salud; si importan al FMLN como trabajadores y trabajadoras, como importa también los servicios que el Estado está obligado a prestar a la población.
Es bueno alertarles de las malas intenciones de despido, que están implícitos en enfoques maliciosos de periódicos o de políticos del bloque de partidos que ganó las elecciones presidenciales el 3 de febrero; es bueno recordarles que tienen derecho a organizarse, justamente a partir de 2009 cuando reformamos la Constitución de la República.
Sin importar a quien dieron su voto o si no votaron, los servidores públicos, tienen derechos laborales y es parte de la justicia defenderse, es de justicia solidarizarse con ellos frente a las amenazas que se ciernen sobre los mismos.
Más de ocho mil maestros de educo, más de siete mil trabajadores de la salud, miles de agentes policiales serían perseguidos y puestos en las listas como candidatos a despido, por el solo hecho de haber ingresado al servicio público, o trasladarse a formas más seguras, a partir del año 2009; eso es lo que se puede leer de los titulares del Diario de Hoy y de declaraciones en diversos medios de políticos afines al candidato presidencial electo el 3 de febrero. Pero si bien ellos serían el blanco de una nueva política laboral, en la que se afirma que “su nombramiento complica al Estado”; ¿qué pasará con la población que recibe los servicios de estos profesionales y trabajadores? Esta sola pregunta es de interés más extendido, es aquí donde el derecho laboral de uno debe importarnos a las mayorías.
Aprender a leer supone entender las palabras y procurar leer las intenciones que están detrás de esas palabras; prever oportunidades o amenazas y plantarse para evitar daños; esto es lo que deseamos a la clase trabajadora de nuestro país, que sepa defender sus derechos y el servicio a la población que necesita de ellos.
