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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Rubia Guardado de la Asociación de Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango (CCR) afirmó que la población debe estar activa y lista a defender sus derechos frente a la “peligrosa derecha privatizadora de bienes naturales”, en referencia a la conformación de la nueva Asamblea Legislativa.
La lidereza señaló que desde el próximo 1º de mayo se tendría el poder para redefinir normativas jurídicas, reformar leyes o emitir decretos y esto solo con 60 votos que suman los partidos conservadores, al interior del Órgano Legislativo.
Por ejemplo, para Guardado “la derecha tendrá el dominio y podrán elegir a magistrados de la Corte Suprema Justicia, al fiscal general y otros funcionarios. El panorama es preocupante, prácticamente quedamos en manos de la derecha pero, a esto, solo puedo decir que nuestra lucha social será fuerte”, afirmó.
Para redefinir el papel que deben tomar las organizaciones, CRIPDES junto a la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) y la CCR realizaron un taller sobre derechos humanos y medioambiente.
Foto Diario Co Latino/Archivo.
Al taller llegó un grupo de liderazgos del área del departamento de Chalatenango. A fin de actualizar conceptos del marco jurídico que los protege como ciudadanos, el rescate y conservación de su entorno o medioambiente, así como el ejercicio de libertad de expresión. “Para nadie es un secreto que la derecha verá sus intereses y cuidarán de ellos, tendrán los votos suficientes para tener correlación de fuerza política, y tener las leyes a su favor”, agregó Guardado.
Esto para las comunidades significa un alto riesgo, por eso afirman que se tirarán a la lucha social en las calles y llegarán hasta sus oficinas. “No podemos seguir aceptando que nos vulneren nuestros derechos, la minería es ejemplo claro, ellos se quedan con las ganancias y las comunidades nos quedamos con las enfermedades y la pobreza, no podemos seguir así”, sostuvo Guardado.
Rodolfo Calles de CRIPDES agregó que la huella negativa de los proyectos mineros es un recordatorio para varios municipios del departamento de Chalatenango.
Y señaló que mientras la población se encuentre organizada para defender sus derechos y de su medioambiente, será difícil para los políticos sobrepasar la voluntad de las comunidades.
“Este taller lo escogimos para Cabañas y Chalatenango, dos departamentos que han estado expuestos a las actividades mineras, que han dejado saldos negativos”, afirmó.
Además, frente a esta coyuntura política, se pone en perspectiva la posibilidad de una derogatoria de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, que vendría a botar todo el trabajo de lucha social que se hizo por más de una década, añadió.
En cuanto a la reiteración de la minería en el territorio nacional, Calles agregó que no era un tema “antojadizo”, sino que correspondía al comportamiento de esas empresas transnacionales, que pese a la restricción legal que existe en el país, aún operan libremente.
A esto se suma la visita de los magnates mineros, Frank Giustra, Carlos Slim y el expresidente Bill Clinton, quienes se encuentran ligados al candidato presidencial del partido ARENA Carlos Calleja y con quienes comparte agendas de inversión. Y esto se comprueba cuando “las empresas mineras no descansan, ni están dormidas, ahí están trabajando a pesar de la ley que le prohíbe su accionar, son varias fundaciones como El Dorado, Minerales Torogoz y Minerales Morazán que permanecen haciendo campaña para poderse instalar en El Salvador”. Agregó.
Para ellos, 15 años de espera no es mucho tiempo. Y ahora, con la coyuntura política, esto podría prestarse a una derogatoria de esa ley, pero, “que no crean que no vamos a luchar para evitar que sigan engañando a la población”, reflexionó.
Sin importar que los conceptos jurídicos en materia de derechos humanos apuntan a una relativa complejidad y tecnicismo, el jurídico de la PDDH Orlando Orellana, a cargo del taller, indicó que muchas personas ya han interiorizado todo este conocimiento a través del trabajo colectivo comunitario.
“Aquí, con el taller estamos complementando esas ideas y conocimientos que la población conoce. Son aspectos básicos de medioambiente y sus derechos individuales”, enfatizó. Y claro, la experiencia de la PDDH ha sido que el mejor mecanismo de garantizar y preservar los derechos humanos es el libre ejercicio de ciudadanía de la población civil, que está informada y empoderada de sus derechos. Esto valida la prevalencia de los derechos humanos dentro de una sociedad democrática”, puntualizó.
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