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Redacción Nacionales
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Representantes de diversas organizaciones sociales respaldaron a los líderes ambientalistas de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) de Santa Marta, quienes estos últimos días de julio enfrentarán la vista pública por un supuesto homicidio ocurrido en tiempos de la guerra, pero que la FGR no ha podido demostrar la existencia de delito, aseguró Alfredo Leiva, dirigente de ADES.
El movimiento acompañó la exigencia de libertad para los acusados en el contexto del desarrollo de la vista pública programada para los días 29, 30 y 31 de julio. Para las organizaciones “la única resolución legal y justa es la absolución de nuestros líderes ambientalistas”, manifestó Leiva en conferencia de prensa.
Las organizaciones esperan que el Juzgado de Sentencia de San Vicente actúe apegado a derecho y resuelva con base a la legalidad y haga justicia absolviendo a los ambientalistas. Esto lo piden, ya que “no hay pruebas reales de la existencia de los delitos imputados y mucho menos de la participación de ellos en sus cometimientos”.
Es de recordar que a los ambientalistas se les señala de cometer un supuesto asesinato durante el conflicto armado. La comunidad organizada señala que la acusación “sin pruebas” montada por la Fiscalía General de la República “es en represalia por la denuncia de Santa Marta y ADES sobre las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica.
Alfredo Leiva comentó que durante los 30 meses que lleva el proceso, han denunciado que la acusación de la fiscalía se basa en el relato contradictorio de un sospechoso testigo protegido que primero, declaró que presenció los hechos y después afirmó que le contaron lo sucedido.
“Es como dijo un reconocido abogado y defensor de derechos humanos, es un testigo de chambre. Tampoco existe cuerpo del delito y no hay elementos de pruebas adicionales que compensen tal ausencia, por tanto, los ambientalistas son inocentes y deben ser liberados. Condenarlos sería una ilegalidad y una injusticia, la única resolución legal y justa es su absolución”, sostuvo Leiva.
El único delito de Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Fidel Recinos “defender el agua, el medio ambiente, la salud y la vida de las generaciones presentes y venideras gravemente amenazadas por la reactivación de la minería metálica”.
Leiva recordó que los ambientalistas ya habían sido sobreseídos de manera definitiva en octubre del año pasado por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, pero por maniobras de la Fiscalía, la Cámara Penal de Cojutepeque anuló el fallo y ordenó realizar una nueva vista pública.
“Esta repetición del juicio es en la práctica, un doble juzgamiento que transgrede el principio del debido proceso penal según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Por tanto, lo menos que puede hacer el Tribunal de Sentencia de San Vicente es rectificar el sobreseimiento definitivo”.
Las organizaciones señalaron que el caso es “una criminalización” y “persecución al activismo ambiental”, ya que los procesados “son actores claves en la resistencia comunitaria contra la minería metálica y sus detenciones se dieron precisamente cuando ellos advertían al país sobre la posible reactivación de los proyectos extractivos”.
También, a juicio de Leiva, es una manipulación e instrumentalización de la justicia restaurativa y transicional, ya que se utiliza un supuesto caso de la guerra para perseguir por otros motivos. Todo eso, sumando que la fiscalía revictimiza a la comunidad Santa Marta al criminalizar a sus líderes en vez de investigar las masacres, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el ejército gubernamental y sus grupos paramilitares en los años de la guerra civil.
Peter Nataren, miembro de la cooperativa Santa Marta, dijo que, en el contexto de la vista pública a celebrarse estos días, se han aceptado algunas de las solicitudes de algunos gobiernos que pretenden participar como observadores, “entre estos ha sido aceptado el gobierno de Canadá, a través de su embajada, Francia, Alemania, la Unión Europea, y varios organismos internacionales, incluyendo algunas universidades de Canadá y Estados Unidos”.
“Eso da, por lo menos, un poco de garantía que se pueda vigilar si se va a aplicar el debido proceso, en este tipo de contexto que tiene este país, donde nuestro sistema judicial se ha manejado de manera corrupta”, dijo Nataren.
La vista pública se desarrollará este día y uno de los testimonios en el caso de la defensa es Eugenio Chicas, quien fue detenido por la PNC meses atrás; sin embargo, las organizaciones informaron que los abogados han solicitado al Juzgado que Chicas comparezca para brindar su testimonio.
