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José Acosta
La alimentación segura, mind nutricionalmente adecuada y culturalmente aceptable es un derecho humano reconocido en una diversidad de instrumentos y marcos jurídicos tales como: La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 25), nurse el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Art. 11), la Convención de Derechos del Niño (Art. 24 y 27). Así mismo el derecho humano al agua está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, desde el 28 de julio de 2010.
No obstante, en El Salvador se incumplen ambos derechos, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD señala que el 17% de los hogares rurales y el 9.2% de los hogares de la zona urbana, viven en situación de privación alimentaria, lo que significa que consumen alimentos por debajo de las necesidades mínimas de energía que requiere el organismo para funcionar adecuadamente.
El acceso al agua también es un problema sensible, al respecto el Comité de Solidaridad con el Pueblo Salvadoreño, CISPES dice: “En El Salvador más de 200,000 hogares no tienen acceso al agua. Mientras que a miles de familias empobrecidas no les llega ni una sola gota, las empresas que fabrican bebidas carbonatadas y alcohólicas gastan millones de litros al día. Lo mismo pasa en los grandes centros comerciales y en las residenciales más exclusivas”
Está situación de injusticia ha sido el motivo por el que diversas organizaciones de la sociedad civil hacen extraordinarios esfuerzos para que el agua y los alimentos sea un derecho reconocido en la Constitución salvadoreña, entre muchas acciones realizadas está la presentación de 92,200 cartas ciudadanas a la Asamblea Legislativa exigiendo una reforma al Artículo 69, lo cual se logró con 83 votos, en abril del 2012, cuando la legislatura anterior estaba por terminar.
La reforma aprobada dice lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Es obligación del Estado crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes. Una ley regulará esta materia. El agua es un recurso esencial para la vida: en consecuencia es obligación del Estado aprovechar y conservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia”.
Para que este texto sea incorporado en la Constitución se requiere que sea ratificado por la actual legislatura; sin embargo, se han visto frustrados dos intentos de ratificación en mayo de 2013 y en octubre de 2014, en los cuales los partidos ARENA, PCN y PDC, han negado sus votos, a pesar que en abril de 2012, votaron a favor.
Esta incoherencia fue cuestionada el pasado 8 de abril por el Arzobispo José Luis Escobar Alas, quien expresó: “como partidos, como institutos políticos están comprometidos a mantener su palabra y el compromiso es con el pueblo. El agua es don de Dios y su derecho tiene que estar garantizado en la Constitución, no puede ser de otra manera”.
También la población está en desacuerdo con el comportamiento de los partidos de derecha que se oponen a la reforma. Una encuesta realizada por la UCA a finales de enero, reportó que el 85.8% está en desacuerdo con la posición del partido ARENA de no dar sus votos para leyes que garanticen el derecho al agua y a la alimentación. A pesar del sentir de la población, los partidos ARENA, PCN y PDC mantienen una postura intransigente; no hay razón lógica para oponerse a la ratificación de dos derechos humanos básicos, a menos que el fondo de su negativa sea por intereses económicos de sus patrocinadores.
El grupo de Acción sobre Erosión Tecnología y Concentración, ETC señala que existe una especie de mafia que controla la producción y venta mundial de agroquímicos contaminantes y la mayor parte del mercado de los alimentos. En el país, estas multinacionales están representadas por grupos como CropLife, CAMAGRO y la Asociación de Proveedores Agrícolas. Es muy probable que este tipo de grupos esté incidiendo en la derecha legislativa para evitar la ratificación del Artículo 69.
Al igual que los alimentos el agua es otro recurso codiciado por empresas transnacionales y grupos económicos nacionales, al respecto el periodista Melvin Gonzáles en un editorial del periódico La Página señala: “así como nos arrebataron los bancos, así como perdimos ANTEL, de forma muy sospechosa y podríamos asegurar, hasta inconstitucional, así nos quieren quitar ese patrimonio universal del agua”.
Una visión mercantilista y privatizadora de los alimentos y el agua, parece ser la razón de fondo por la cual la derecha representada por estos tres partidos se está oponiendo a la ratificación de las enmiendas al Artículo 69, sin embargo, la sociedad civil, a través de múltiples expresiones organizativas, ha llevado a cabo por varios años un arduo proceso de incidencia política para que el agua y los alimentos sean un derecho humano constitucional.
A pocos días de que finalicen los tres años de la actual Asamblea Legislativa, es el momento de dar la última batalla, con la misma determinación de siempre. De pronto algunos diputados y diputadas de la derecha, en un acto de honestidad y rebeldía desobedecen a la cúpula de su partido y cumplen su deber con la patria y con el pueblo que los eligió.
