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En su discurso en las Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) 2023, el presidente de la República, Nayib Bukele, llegó a ufanarse de la seguridad que campea en todo el territorio salvadoreño, a raíz de dos situaciones: la primera, la drástica disminución de homicidios, atribuida antaño a las pandillas y, la segunda, por la aplicación desmedida del Régimen de Excepción.
Bukele, incluso, retó o ninguneó a la comunidad internacional, al revelar que el Estado de Excepción es gracias a que con su Asamblea Legislativa quitó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional legítimos y puso a los suyos, quitó al fiscal general legítimo y puso al suyo, quitó a un tercio de los jueces y puso a los suyos, o los que obedezcan sus directrices de justicia.
Bukele, en su discurso, dijo cosas no tan ciertas, como por ejemplo que El Salvador hoy es el país más seguro de América Latina, incluso, dijo que era más seguro que Canadá. Por supuesto, aunque la información no fue retomada en El Salvador, pronto las agencias internacionales dijeron que los tres países más seguros de América Latina son, en su orden: Costa Rica, Uruguay y Argentina. Y, por si fuera poco, en cuarto lugar está Panamá, es decir, no es cierto que El Salvador sea el país más seguro de América Latina.
Lo que sí es cierto es que las pandillas ya no se matan entre sí, ya no son las que controlan los territorios, pero tampoco las controla el Estado, porque, si así fuera, no se dieran hechos criminales como el asesinato de una niña de siete años en la Campanera. Y si bien es cierto que el criminal no fue un miembro conocido de alguna estructura pandilleril, sino más bien un violador, según los reportes preliminares policiales, lo cierto es que nadie debe confiarse.
El asesinato de Diana Melissa Cabrera el 10 de octubre es una muestra de ello. Por cierto, el día que apareció la menor sin vida, dentro de un saco, en una zona verde de la campanera, lo primero que hizo la policía fue capturar a la madre de la menor tras acusarla de descuido.
La madre, aunque ya no será procesada, nunca debió ser capturada, en primer lugar, porque ella y todas las madres han creído en el discurso presidencial que El Salvador es seguro, que los niños pueden andar en los pasajes, en los parques, en las calles, y nada les pasará porque hoy el gobierno sí cuida a los pobladores y controla los territorios.
La madre de Diana Melissa fue víctima de la propaganda del Gobierno que El Salvador es el país más seguro de América Latina y que, como tal, ya no podía tener a su hija encerrada como ocurrió cuando el Estado no tenía el control del territorio, y que las pandillas eran la amenaza inmediata. Por esa propaganda, la madre de Melissa y otras han dejado que sus niños y niñas anden libres en los pasajes, y que puedan ir a la tienda a comprar una golosina.
Melissa y la madre fueron víctimas de la negligencia policial, porque cuando reportaron la desaparición de la menor, los policías de la zona se negaron a lanzar una alerta y proceder a buscarla.
Los policías y soldados de la zona, que son parte del cerco militar de Soyapango, ignoraron que con el Estado de Excepción pudieron haber hecho una excepción para buscar con ahínco a la menor, pero no lo hicieron, por eso nunca debieron haber capturado a la madre.
Además, el gabinete debió haber cambiado ya los procedimientos de búsqueda de desaparecidos cuando se trate de niños y adolescentes, para que no les pase lo de Melissa. Y es que, de acuerdo con la Fiscalía, en el presente año han desaparecido 15 niños, que seguramente se confiaron de la seguridad que anuncia la propaganda.
Y así como han dado respuesta al desaparecimiento y posterior asesinato de Melissa, las autoridades judiciales deben dar respuesta a los familiares de los 15 niños que está en condición de desaparecidos.
