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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Almudena Moreno, de la Alianza por la Solidaridad (España), especialista en empresas y derechos humanos, fue invitada por las organizaciones del MPR-12, para compartir experiencias sobre el impacto que sobreviene a la población, luego de privatizar servicios básicos como el agua, en los campos de servicio, tarifas y distribución.
“Hay dos cosas que inquietan, la primera es la sensación de privatización al incorporar en este caso al sector privado en el ente del organismo rector, esto nos inquieta, porque es muy complicada la defensa de los derechos humanos con la rentabilidad económica, porque no son compatibles. Y segundo, las experiencias privatizadoras no han salido bien”, expresó.
La experta en derechos humanos reseñó que alrededor de 300 municipios alrededor del mundo que habían privatizado el agua tuvieron que remunicipalizarla, porque se constató que las tarifas subieron considerablemente, los gastos en inversión disminuyeron en busca de la rentabilidad económica y los despidos de personas.
“Nosotros apostamos por que el organismo rector se haga desde lo público, porque esto puede garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y, además, es uno de los usuarios, entonces no deberían estar allí”, agregó.
Sobre el argumento de la empresa privada de ser menos burocráticos para estos procesos de distribución de servicios básicos, Almudena consideró que no tiene espacio cuando se trata de un derecho humano como el acceso al agua y esa tutela le corresponde al Estado.
“Hablo de ciudades como Berlín (Alemania), París (Francia), España, Chile, tenemos un universo que en estos procesos que es muy oneroso el servicio se han tenido que remunicipalizar. Cuando incorporamos a los entes privados dentro de la rectoría de un derecho, pues las empresas velan por sus propios intereses y priorizan el agua como mercancía frente al consumo humano”, sostuvo.
Mientras, Bernardo Belloso del MPR-12 reafirmó el rechazo al intento de privatización del agua, por parte de la derecha política y económica, que vendría a vulnerar los derechos humanos de la población.
“La derecha valiéndose del poder que tiene en la Asamblea Legislativa está tratando de enfocar sus esfuerzos en una serie de anteproyectos como la tenencia de la tierra y la privatización del agua, es como privatizar la naturaleza y vemos las consecuencias en las comunidades que conviven cerca de ingenios azucareros, que les roban la capacidad para captar el agua para su consumo”, dijo.
La resistencia de las organizaciones contra la integración de la autoridad del agua, que propone a dos representantes de COMURES, dos personas de la empresa privada y plantean un solo lugar para el representante del Gobierno, lo consideran una indefensión total contra la población.
“Este es un modelo privatizador, en donde la empresa privada quiere tener el control absoluto y poder disponer a su gusto en las políticas, programas y el uso, y sabemos que la empresa privada no trabaja para las grandes mayorías. Como organizaciones sociales, populares, ambientalistas manifestamos que el ente rector debe ser participativo y con representación de Gobierno en especial ministerios como Salud, Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, si no es así, estaremos en la calle demandándolo”, concluyó.
