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LA PRÁCTICA DEL LAWFARE EN EL SALVADOR

Raúl Palacios

En este artículo, me propongo desmontar la comodidad con que se manipula el concepto de dictadura en El Salvador y en el escenario internacional. No escribo desde la ideología, sino desde la evidencia. No desde la fe política, sino desde la ética del testigo.

La práctica del lawfare, la persecución judicial como arma política, se ha convertido en el método preferido del régimen de Nayib Bukele para desarticular a sus adversarios, especialmente al FMLN y Lo que se presenta como justicia es, en realidad, una estrategia de exterminio legal.

Y lo que se vende como democracia es una simulación donde el voto no garantiza alternancia ni contrapeso.

Este texto no busca convencer a quienes ya han elegido el silencio, busca incomodar a quienes aún creen que la popularidad justifica el abuso. Porque si el poder se concentra, si los jueces obedecen, si la oposición es perseguida, no estamos ante un gobierno fuerte, sino ante una dictadura en sentido estricto.

La pregunta final no es retórica. Es histórica:

¿Cuándo caerán los últimos dirigentes del FMLN? ¿Cuándo se completará el exterminio político?

Y más aún:

La Dictadura, el Concepto Estricto y la Trampa del Doble Rasero.

El debate sobre si un régimen es o no una dictadura rara vez se centra en su definición estricta.

En cambio, se ahoga en el ruido de las condenas políticas y los intereses geopolíticos, en nuestro país El Salvador se ha recientemente desnudado esta tensión: la lucha por aplicar el concepto de forma rigurosa frente a la tendencia de los actores internacionales a utilizar un “doble rasero”.

Mientras se aplica todo el rigor de la ley en clara manifestación de un lawfare a todos los ex funcionarios del FMLN y unos cuantos de ARENA; para comprender qué es una dictadura, debemos despojarnos de toda interpretación ideológica y volver a su concepto fundamental:

La dictadura es un régimen político caracterizado por la concentración de todo el poder (ejecutivo, legislativo y judicial) en una persona o un grupo, y que ejerce la autoridad prescindiendo o violando el ordenamiento jurídico para reprimir las libertades individuales y la oposición.

La Insuficiencia del Voto y la Concentración de Poder.

Una de las premisas más importantes de este análisis es que la existencia de elecciones o de una oposición en cargos electos no es suficiente para anular la definición de dictadura.

Si bien el derecho a votar es inalienable, un régimen sigue siendo autoritario si el voto es una mera simulación porque:

Neutraliza los Contrapesos: El gobierno controla el Poder Judicial y el Poder Electoral, anulando de facto las victorias de la oposición, por ejemplo, mediante la inhabilitación, la anulación de leyes o la reciente centralización de recursos. El Voto es Inefectivo: El voto no conduce a una rendición de cuentas ni a una alternancia de poder real, ya que el gobernante tiene la capacidad de permanecer en el cargo de forma indefinida y gobernar sin límites efectivos.

En un régimen autoritario, el acto de votar es permitido, pero la soberanía popular es negada por la soberanía institucional controlada por el gobernante.

La Manipulación Política: El “Doble Rasero”

El punto más álgido del debate se centra en la aplicación de este concepto por parte de los “jueces” globales, gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Nuestra conclusión es clara: la realidad de la dictadura es manipulada acorde a los intereses de quienes la interpretan.

Es un hecho que existe un doble rasero evidente:

Se condena a adversarios: Se condena sin titubeos a líderes que concentran poder, pero que son adversarios geopolíticos, por ejemplo, Nicolás Maduro o Daniel Ortega), incluso ignorando la base de apoyo popular que puedan tener.

Tolerancia a Aliados: Se tolera o se minimiza la condena sobre líderes que concentran los poderes del Estado y emplean tácticas de lawfare (persecución judicial de opositores), siempre y cuando mantengan una alineación geopolítica conveniente.

En estos casos, la popularidad interna se utiliza como excusa para suavizar el juicio sobre el evidente acaparamiento del poder.

La dictadura, por lo tanto, se convierte en un arma política.

Manteniendo la integridad del análisis, debemos rechazar el juicio político y atenernos a la evidencia fáctica: si un régimen elimina los contrapesos, anula el Estado de Derecho y utiliza la fuerza o el miedo para someter a la oposición, es una dictadura o autoritarismo en sentido estricto.

La inconsistencia de los actores internacionales solo revela su hipocresía; no invalida la realidad objetiva del ejercicio ilimitado del poder. El verdadero ejercicio democrático exige que el concepto de dictadura se aplique de forma universal e imparcial, sin ceder a la comodidad de la conveniencia geopolítica.

El virulento ataque al FMLN poco a poco va sacando fuera del campo interno político a sus principales dirigentes y exfuncionarios aplicando rigurosamente un Lawfare bien planificado buscando así desaparecerlo de la legalidad que le mantiene vivo acorde a la Ley de Partidos Políticos. Su última víctima es Jorge Handal.

Mauricio Funes lo dijo muy claramente: “Cuando se usa el Poder Ejecutivo para someter a los otros poderes del Estado y organismos autónomos es la más obvia claridad de que se vive en dictadura”.

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