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Alberto Romero de Urbiztondo
Twitter: @aromero0568
La información sobre el fondo de pensiones y salario de jubilación que cobrará el obispo Colindres ha causado escándalo y estupor en la sociedad. Ha mostrado que del Presupuesto de la Nación se financia a curas y pastores, para que realicen adoctrinamiento religioso en el seno de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional Civil.
Esta situación se origina en el Convenio firmado en marzo de 1968, por el Vaticano y la República de El Salvador, “sobre jurisdicción eclesiástica castrense y asistencia religiosa de la Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad”, el personal es nombrado por la Iglesia católica, siendo integrado a las FFAA y cuerpos de seguridad, que debe asumir el pago de salarios, pensiones y otros gastos.
Al crecer el número de seguidores de iglesias cristianas evangélicas, han demandado a las FFAA y la PNC, un trato similar al que recibía la Iglesia católica, para que no hubiera privilegios que generaban discriminación hacia otras creencias religiosas. Pero las FFAA y PNC en vez de entender que la presencia y financiamiento a la actividad religiosa en sus instituciones violaba el principio de laicidad del Estado, lo han profundizado abriendo nuevos templos evangélicos en las sedes policiales y del ejército y financiando a miembros de PNC y FFAA para ejercer como pastores a tiempo completo.
Esto tiene graves efectos porque viola el principio constitucional de separación entre Estado e iglesias, además descohesiona a los miembros de estas instituciones, al organizarlos internamente, de forma separada en base a sus diferentes creencias religiosas, legitimas para practicarse en la vida privada o fuera de instituciones estatales, que son de toda la ciudadanía.
Es importante que como ciudadanía exijamos la finalización de estas situaciones de privilegio, que promueven el proselitismo religioso con fondos estatales y que el Gobierno revise el convenio firmado con el Vaticano, que responde a un pasado colonial ya superado e impropio de una República.
