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La revelación del Presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, de haber entregado fondos a una comunidad en Zacatecoluca, departamento de La Paz, para la compra de armas, y de haberles ayudado para el registro de las mismas para que puedan defenderse de los delincuentes, ha generado sendos titulares en algunos medios, con cierta dosis de amarillismo.
Un periódico matutino pernoctó en la comunidad San José de la Montaña, en la zona costera de Zacatecoluca, donde captó las fotos de jóvenes con armas cortas haciendo “vigilancia” en la comunidad, mientras el resto de pobladores descansa sin preocupación alguna. La labor periodística hasta allí se puede decir que es parte del trabajo normal.
No obstante, este se desvía y llega al amarillismo cuando hace posar a otro grupo de pobladores con armas de guerra de grueso calibre inservible, con lo que deja otro tipo de mensajes, imprimiendo la sensación de que en el país la seguridad no sirve de nada y por ella el pueblo tiene que armarse.
Conocemos, que en varias localidades donde hay organización ciudadana, los hombres, entre jóvenes y adultos, hacen sus turnos de vigilancia, lo que ha impedido que delincuentes como las pandillas incursiones en las comunidades.
Los pobladores mantienen contactos con la policía, a quienes les dan aviso ante la presencia de malhechores. En San Vicente, la zona de Los Amatitanes, los delincuentes sorprendieron a los pobladores vigilantes, lo que provocó que uno de los pobladores resultara con una herida profunda con machete, pero también la muerte de un delincuente, que resultó ser de la pandilla 18.
Por medio de los abogados que trabajan con estos grupos, pusieron la denuncia ante la Fiscalía, y esta ordenó la captura de ocho de los campesinos organizados en la comunidad, a pesar de que fue en defensa propia.
Lo importante en esta comunidad, en la zona de los Cerros de San Pedro o Los Amatitanes, es la conexión que tienen con las autoridades, quienes han acudido inmediatamente al ser avisados por la comunidad de la presencia de delincuentes.
Creemos que eso es lo que ha ocurrido en Zacatecoluca, una comunidad que se organiza para garantizar la seguridad de los moradores, pero, en el marco de la ley.
Y es que no se debe alentar a la organización popular para el combate de los criminales, porque, para eso está la Policía Nacional Civil (PNC) y ocasionalmente, ante la emergencia, miembros del Ejército Nacional.
Tanto la policía como el ejército han logrado dar duros golpes a los delincuentes, gracias a la colaboración ciudadana, que organizada y coordinada con la autoridad, pierde el miedo de colaborar con la policía, y de paso, hacen labor de vigilancia preventiva.
Es bueno que la comunidad se organice para defenderse, pero es incorrecto que se les aliente a tomar en sus manos la labor que es de la seguridad pública.
El hecho de organizarse y coordinarse con la autoridad competente, ya es una buena señal preventiva que no dudamos los delincuentes la tomarán en cuenta antes de animarse a instalarse en una comunidad rural o semi rural, para huir de la autoridad o cometer sus fechorías.
Lo anterior no significa que las comunidades organizadas deban tomarse la justicia en sus manos, esto no hay que permitirlo. Este momento es oportuno, para solicitar a la Fiscalía General de la República, que no persiga a las comunidades cuando han actuado en defensa propia, como ha ocurrido en San Vicente, sino perseguir a los delincuentes.
