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Lo ocurrido el domingo 9 de febrero, a las 15 horas, quedará plasmado en la historia del país como la más grande crisis política ocurrida desde la firma de la paz, y provocada por el presidente de la República, al invadir, militar y policialmente, el Salón Azul de la Asamblea Legislativa.
Antes de esa bochornosa y lamentable acción para la joven democracia salvadoreña y para la institucionalidad del país, fue alimentada por dos acciones desde el jueves 6 de febrero, cuando el Consejo de Ministros convocó a sesión plenaria en la Asamblea Legislativa para el domingo, a las tres de la tarde, para discutir como punto único la aprobación de un préstamo para la seguridad por 109 millones de dólares. Esto fue respaldado y defendido por el Ejecutivo, de acuerdo al inciso 7 del artículo 167 de la Constitución.
En efecto, el inciso 7 del mencionado artículo reza: “Convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”.
Lo que se puso en duda por muchos, menos de parte del Ejecutivo, por supuesto, es el carácter de “extraordinariedad” la discusión de un préstamo.
La otra acción fue la convocatoria que hizo el presidente Nayib Bukele a sus seguidores a una concentración frente a la Asamblea Legislativa, para aplicar el artículo 87 de la Constitución, si los diputados caían en desacato constitucional, si no acudían a la sesión plenaria convocada por el Consejo de Ministro, como ocurrió. Es decir, los diputados, salvo una veintena de ellos que al final quedaron sorprendidos por lo sucedido, no acudieron.
El artículo 87 dice: “Se reconoce del derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución”.
Ambas acciones tiene que ser analizadas de forma expedita por dos instituciones; por un lado, si el tema del préstamo tiene el carácter de “extraordinariedad”, como alega el Consejo de Ministro, al convocar a la sesión plenaria extraordinaria, lo que le corresponde a la Sala de lo Constitucional, luego de que el lunes dos ciudadanos presentaran un recurso de inconstitucionalidad a dicha convocatoria y que ya fue admitida por la Sala.
La otra tendrá que analizar la Fiscalía General de la República por dos actos peligrosos para la democracia y la institucionalidad del país, a saber: el llamado a la insurrección popular y la militarización del Salón Azul de la Asamblea Legislativa.
De hecho, lo más grave, hasta hoy, y así lo ha visto también la comunidad internacional que se pronunció el mismo domingo, mientras otros lo siguen haciendo posterior a los hechos del domingo.
Todos condenan la violación a la institucionalidad del país, al hacer uso de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil para irrumpir con armamento de guerra, conocido como táctico, a las instalaciones del Salón Azul de la Asamblea.
El presidente Bukele ha confundido la popularidad que aún tiene entre la población, aunque a su llamado el domingo no llegaron más que unas cinco mil personas, muchas de ellas empleados públicos. Han circulado -en redes sociales- memorándums de algunos ministerios de Gobierno, en los que se pide que los empleados asistan al evento.
Y es que las transformaciones profundas que se le hicieron a la Constitución como parte del Acuerdo de Paz, firmado en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992, hacía suponer que en este país centroamericano no había ya posibilidades de intentonas de golpe de Estado de ningún tipo (parlamentario, judicial o al Ejecutivo), como al parecer se pretendía contra el órgano Legislativo, ni mucho menos que se volviera a utilizar a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil para conminar a los representantes de otros órganos de Estado, como sucedió el domingo 9 de febrero recién pasado.
Lo sucedido el 9 de febrero -si bien todo fue una “intentona”- ha dejado al descubierto las fragilidades que la institucionalidad del país posee, debido en parte porque las enseñanzas de una cultura de paz y democrática, pese a su importancia, siguen marginal en todos los sectores y ámbitos de la vida nacional.
Esperamos que las alarmas que despertó, con sus consiguientes condenas de parte de sectores tanto nacionales como internacionales, hayan dejado las adecuadas lecciones para quienes crean que jugar a la democracia es parecido a los juegos que presentan los aparatos tecnológicos en la era de los milenials.
Hay que tener claro que la conducción de un Estado no debe prestarse a aventuras, ni mucho menos a juegos para experimentar los placeres del autoritarismo antidemocrático.
