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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Para David Ortiz, miembro de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), todas las maniobras que la Asamblea Legislativa ha efectuado desde que inició el estudio del anteproyecto de Ley de Reconciliación Nacional “buscan sacar un producto llamado impunidad, a favor de los responsables de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado”.
El representante de FESPAD sostiene que las más recientes decisiones de la Comisión Política de ese órgano de Estado, en torno a dar una semana para escuchar a víctimas seleccionadas y luego continuar con el estudio de la propuesta de ley, tiene como fin buscar personas que les digan lo que ellos quieren escuchar.
“Nosotros como organizaciones que apoyamos a las víctimas, vamos a seguir diciendo que el Estado les debe verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; si ellos quieren llevar a la comisión a personas que les digan lo que quieren escuchar, es tema de la Asamblea”, sentenció.
Para Ortiz, las exposiciones de algunos diputados respecto a que con el anteproyecto de ley presentado por las organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto armado se quiere beneficiar a un solo sector es un discurso que busca potenciar la impunidad.
Para el jurista, más allá de la multiplicidad de discursos que se manejan al rededor a las propuestas de legislación en estudio, lo cierto es que el Estado salvadoreño tiene la obligación de legislar para que en el país se juzguen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado, sin importar a qué bando pertenecieron quienes los perpetraron.
“La ley es de alcance general, no dice juzguen a los guerrilleros o a los escuadrones de la muerte, Ejército o Guardia Nacional; la ley dirá que si torturó, masacró, desapareció o cometió delitos sexuales durante el conflicto armado, usted cometió un delito de lesa humanidad y debe ser procesado, sin importar a qué bando perteneció”, sostuvo Ortiz.
FESPAD considera que estos señalamientos forman parte de argucias (engaños) expuestos por algunos legisladores para desacreditar a las organizaciones de derechos humanos y comités de víctimas del conflicto armado. Sobre lo señalado por Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa respecto a que la propuesta presentada por las organizaciones busca “decirle al juez cómo fallar sobre los casos”, el representante de FESPAD consideró que es una muestra del desconocimiento del legislador sobre el documento.
“En el ámbito penal se refiere por hipótesis, cuando estas se realizan debe haber una consecuencia, es como cuando se dice que por un homicidio simple la pena a imponer será de 10 a 15 años, eso no es decirle al juez qué hacer, sino darle un parámetro para que pueda aplicar la norma, de ahí se entiende que el diputado presidente no conoce cómo se legisla en esta materia, ni el tema legal”, indicó Ortiz.
FESPAD sostiene que el hecho de que se esté trabajando un documento en secreto que servirá como base para construir la Ley de Reconciliación Nacional, a poco más de un mes para que concluya la segunda prórroga dada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la Asamblea Legislativa, para que cumpla con la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, es parte de un juego desarrollado por los diputados para generar una ley de impunidad.
