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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Somos 2,500 Juntas de Agua en el país, y les hacemos un llamado para que se unan y exijan en la Ley General de Recursos Hídricos, para que se les reconozca su función comunitarial, ambiental y su carácter de interés social sin fines de lucro”, expresó Ana Isabel Coreas, integrante del Comité de Restauración de Paisajes Agrícolas y la Mesa de Agua de Occidente que integran la Red Eclesial Mesoamericana (REMAM).
En víspera del Día Mundial del Agua, la Red Eclesial Mesoamericana Capítulo El Salvador (REMAM), integrada por Cáritas diocesanas de la Provincia Eclesial de EL Salvador, la Oficina de Justicia y Paz e Integridad de la Creación (JPIC), la Red Centroamericana por al Defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT), el Colectivo Socio Ambiental “Cuidemos la Casa de Todos”, y la Mesa de Cambio Climático de El Salvador , se pronunciaron públicamente para exigir una reforma a Ley General de Recursos Hídricos, por carecer de un enfoque de derechos humanos, género y participación social.
“Debemos conocer todos la Ley de Aguas, para identificar cómo nos impactará a partir del mes de junio, porque después de junio próximo, ninguna Junta de Agua podrá alegar desconocimiento de la ley, que según su contenido, los sistemas de aguas comunitarias están en riesgo de pasar a manos del Estado”, advirtió.
“Como comité gestor, estamos en un proceso organizativo de las Juntas de Agua de Occidente. Se está formando la Mesa del Agua para analizar las problemáticas dentro de los territorios y conocer la ley, en la que descubrimos que hay cosas a considerar como su exclusión desde la discusión de esta nueva ley, además de carecer del Reglamento y mantener el derecho humano al agua y el saneamiento”, resumió Coreas.
Mientras, Monseñor Samuel Bolaños, presidente de Cáritas El Salvador, agregó sobre el Día Mundial del Agua, como una oportunidad para reflexionar sobre este derecho humano y que como iglesia católica, estaban comprometidos en que se garantice su acceso.
“En la Laudato Si, el Santo Padre nos dice -Toda persona tiene derecho al acceso al agua potable y segura, este es un derecho humano básico y una de las cuestiones nodales en el mundo actual- . Es doloroso cuando en la legislación de un país o de un grupo de países no se considera el agua como un derecho humano”, afirmó. “Es necesario otorgar al agua la centralidad que merece en el marco de las políticas públicas. Nuestro derecho al agua es también un deber con el agua. Del derecho que tenemos a ella se desprende una obligación que va unida y no puede separarse. Es ineludible anunciar este derecho humano esencia y defenderlo, pero también actuar de forma concreta, asegurando un compromiso político y jurídico”, agregó Monseñor Bolaños.
“Se debe aprovechar la redacción de los reglamentos”, mencionó en su intervención, Elmer Gómez, al mencionar que la ley reciente aprobada es un cuerpo general cuyo desarrollo pasará por el proceso de reglamentación, por tanto, consideró que es un momento perfecto para permitir la participación social para reforzar la normativa.
“No queremos una participación formal, sino una real, porque creemos que si bien esos reglamentos no pueden ir en contra de la ley, sí pueden recoger insumos valiosos que aportaron las universidades, la Iglesia Católica y los movimientos sociales, que se contribuimos en la formación de la ley”, explicó.
“Como REMAM nos preocupa lo que está pasando con nuestros ríos El Salvador, existen 590 ríos de los cuales 360 son los más importantes y de estos el 70% están contaminados. Ante esta situación consideramos que es de carácter urgente el reconocimiento constitucional al agua y al saneamiento como derechos humanos y es una tarea de muchos años y en este momento está pendiente en la ratificación del artículo 2 y 69 de la Constitución, esa tarea de la actual Asamblea Legislativa”, enfatizó Gómez.
REMAM reiteró que ante la falta de información y la ausencia de mecanismos de participación ciudadana genera “dudas y miedos”, ante la falta de seguridad jurídica para los Sistemas Comunitarios de Agua, que realizan una función social y ambiental.
Antonio Baños, de REMAM, afirmó que la actual Ley de Aguas, privilegia el enfoque económico sobre el enfoque de derechos humanos, al considerar que los volúmenes de agua considerados en el artículo 71 para las autorizaciones de uso y aprovechamiento, son incongruentes con la situación hídrica que enfrenta el país.
“No establece techos máximos y el plazo por el cual se otorga la autorización privilegia con 15 años y prorrogables a la explotación superior a los 365 mil metros cúbicos por año, mientras limita a 5 años, prorrogables a la explotaciones inferiores a ese límite. Esto configura de hecho una situación de explotación del agua de manera infinita en términos de tiempo y de cantidad de agua”, consideró.
“Además, a diferencia de la propuesta de la ley presentada por la Iglesia, eliminaron la participación ciudadana expresado en los mecanismos como los Comités Consultivos de Cuenca, que estarían adscritos a los Organismos Zonales de Cuenca, que son tan importantes para una gestión adecuada. Son varios aspectos que hay que mejorar en la Ley General de Recursos Hídricos y como REMAM, creemos que estamos a tiempo de hacerlo y dependerá de la voluntad política de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa”, puntualizó Baños.
