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Redacción Nacionales
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La abogada de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Ivania Cruz, denunció que el gobierno está utilizando mecanismos internacionales indebidos, para seguir intimidando, persiguiendo y amenazando fuera del territorio, aplicando represión transnacional a quienes desde el exilio continúan denunciando los abusos de poder y violaciones a derechos humanos.
Cruz explicó que ella junto al otro abogado de UNIDEHC, Rudy Joya, fueron los primeros este año en ser víctimas de la persecución política del gobierno de Nayib Bukele, su vivienda fue allanada por la Policía Nacional Civil (PNC), mientras ambos se encontraban en una gira en España.
“La Interpol es un mecanismo que Bukele está utilizando para seguir intimidando. En julio fuimos notificado que Interpol dio a favor el oficio que el tribunal que lleva nuestro caso había enviado, el aviso llegó a España en agosto, el abogado Rudy Joya fue retenido por 24 horas, yo me presenté para resolver la situación, porque se trataba de un caso de extradición”, indicó durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.
La “represión transnacional” es un concepto nuevo que ha salido de un informe de la ONU, consiste en utilizar mecanismos donde los estados autoritarios pretenden silenciar a personas que han salido del territorio.
Cruz dijo que la extradición se logró evitar porque ambos son solicitantes de asilo y una de las garantías es no regresar al país de origen.
La defensora de los Derechos Humanos dijo que organismos como Amnistía Internacional, el Observatorio Internacional de Derechos Humanos, Colegio de abogacía de Madrid, expertos de la ONU y ellos ven la mala utilización de la Interpol porque de acuerdo a un artículo de este organismo no puede pronunciarse por motivaciones políticas.
Cruz detalló que el delito imputado a los dos abogados de UNIDEHC es de agrupaciones ilícitas, el mismo utilizado en el régimen de excepción, por no estar inscritos en el Ministerio de Gobernación, pero la organización fue registrada en el Registro de Comercio, trabaja como movimiento popular con líderes comunitarios y abogados independientes, porque el derecho de asociarnos sin inscripción está respaldado en la Constitución de la República.
“El caso nace con la Comunidad La Floresta, donde capturaron a más de 24 líderes, incluido Fidel Zavala, porque según las autoridades se hacía pasar por abogado, sin embargo, él nunca dijo eso en ninguna entrevista, su labor era de vocero de UNIDECH y defensor de derechos humanos, para eso no es necesario ser profesional”, reiteró Cruz.
Tanto Cruz como Joya tienen en España un proceso de extradición y solicitud de asilo. “Estamos trabajando para la eliminación de la alerta de la Interpol”, dijo.
Un abogado del Colegio de la Abogacía los está representando, esperan pronto tener respuesta de la comunicación de la ONU con la Interpol y del resultado por parte del Colegio de Abogacía y poder dejar un antecedente positivo de la no aplicación de la Interpol en casos de defensores de derechos humanos y periodistas.
