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El operativo de la Cartografía Económica 2026, arrancó formalmente el 14 de octubre.
Por David Alfaro
El Banco Central de Reserva (BCR) ha puesto en marcha la llamada «Cartografía Económica 2026». Bajo el sofisticado argumento técnico de actualizar estadísticas para el VIII Censo Económico, se esconde un masivo despliegue estatal que busca repertoriar hasta la última tiendita más humilde, venta de tortillas, chalet o pupusería del país. La meta real detrás del discurso de la «modernización» parece clara: cercar e incorporar a la fuerza al sistema tributario a los pequeños comercios informales de subsistencia.
Un despliegue desproporcionado contra la economía de subsistencia
Durante dos meses, un ejército de más de 1,400 personas y 300 vehículos blindará el territorio nacional. Recorrerán minuciosamente los 14 departamentos, 44 municipios y 262 distritos de El Salvador.
* Rastreo digital: Utilizarán dispositivos electrónicos con tecnología de geolocalización.
* Cero vacíos: El objetivo es mapear con precisión quirúrgica aquellos comercios que operan en los márgenes del sistema.
* Asfixia al microcomercio: Lugares que apenas generan ingresos diarios para alimentar a familias salvadoreñas ahora están en la mira del radar estatal.
El «censo» como antesala del zarpazo fiscal
Aunque el BCR maquilla la iniciativa asegurando que los datos servirán para «respaldar decisiones y políticas públicas», la realidad para el ciudadano de a pie es mucho más alarmante. En lugar de ofrecer incentivos reales para la formalización o programas de rescate financiero, el gobierno de Bukele opta por la vigilancia masiva de la economía informal, la cual ha sido históricamente el único salvavidas de la población ante la falta de empleo formal.
Conocer «dónde y cómo se mueve la economía» se traduce, en la práctica, en saber exactamente a quiénes obligar a pagar impuestos, despojando de sus pocas ganancias a quienes dependen de la venta diaria de una tortilla o una pupusa para sobrevivir.
