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Jorge Vargas Méndez*
Hace cincuenta años exactamente, cuando iniciaba mi escolarización, habría avanzado hacia el presente en mejores condiciones si hubiera tenido acceso a una educación que, además de ser gratuita, me hubiera dado cuadernos, uniformes y zapatos. Y no digamos, si hubiera contado con un vaso de leche. Pero el Estado estaba secuestrado por una guilda empresarial y un grupo militar que consideraban que la población de escasos recursos no necesitaba más que aprender a usar herramientas para el trabajo manual. Unas décadas atrás, el golpista y luego convertido en dictador, el Gral. Martínez, al hablar de educación sostenía que su interés era la niñez y que la juventud no le importaba. En coherencia con esas palabras, se negó a orientar recursos para apostarle a la educación de dicho segmento poblacional. Un ministro de Educación, ya en el contexto de la reforma educativa de finales de los sesenta, que por cierto procedía de la gran empresa privada, decía que la población rural no necesitaba más que cumas y machetes, razón por la cual fue lentísimo el avance de la cobertura educativa en el área rural. A todo ello debe agregarse que desde esa perspectiva de exclusión el impacto negativo recaía con mucho más énfasis en la población femenina, pues la visión dominante de aquellos adalides y calendas era que las niñas estaban destinadas a permanecer en el ámbito doméstico (y todavía hay dirigentes empresariales y políticos que así lo consideran).
Esa visión en materia educativa con algunos cambios cosméticos dominó por lo menos desde el Martinato (1932-1944) hasta la gestión presidencial de Francisco Flores (1999-2004). Elías Antonio Saca (2004-2009), con mayor sensibilidad humana y social que sus predecesores, intentó al parecer hacer las cosas de modo diferente, incluso en materia educativa, y por eso cayó en desgracia con su partido. Al menos, los planes y proyectos educativos correspondientes a su período presidencial así lo sugieren, aunque en ningún momento contemplaron los cambios que estarán modelando una mejor sociedad a la vuelta de unos cuantos lustros.
De ahí que es hasta en 2009 que se inicia en la educación un proceso de transformación que sin duda alguna es irreversible, con enormes posibilidades de consolidarse y profundizarse. Esos cambios iniciados por primera vez en la historia salvadoreña buscaron responder a las necesidades de amplios segmentos poblacionales históricamente excluidos y marginados de los beneficios del Estado. No buscaron el beneficio de la gran empresa privada, como había sido la tradición. Los mismos paquetes escolares, uniformes y zapatos que se entregan desde entonces gratuitamente a cerca de 1.3 millones de estudiantes del sector público, proceden de pequeñas y medianas librerías y modestos talleres artesanales de ropa y calzado. También desde entonces se dota año con año a dichos centros escolares de computadoras que gradualmente acercan al estudiantado al horizonte de la sociedad de la información y la comunicación. También, poco a poco se hacen avances significativos en el mejoramiento de infraestructura educativa, ya sea remodelando lo existente o construyendo nuevos emplazamientos escolares. De modo que millares de niñas y niños que desde 2009 asisten a la escuela pública tienen ahora condiciones inimaginables allá por 1967, cuando la mayoría asistía a la escuela solo con un cuaderno y un lápiz y en muchos casos sin calzado, y las clases muchas veces se recibían entre el ruido ensordecedor de la lluvia que caía despiadadamente sobre las techumbres de lámina o se caminaba sobre gruesas capas de polvo en el verano. O simplemente no había escuela en el cantón y mucho menos en el caserío.
Con frecuencia, la ausencia de una educación como la esbozada atrás tuvo a su base el carácter bisoño de la clase política y partidaria que controlaba al Estado, y que se caracterizaba por la falta de visión de país o perspectiva de nación. Y es que además de todo lo anterior, relativo a los intereses de clase a los que servían, consideraban inútil impulsar cualquier esfuerzo tendiente a transformar la educación y los servicios de salud (incluso al país), porque ello implicaba e implica un esfuerzo sostenido en el largo plazo y eso es algo que en un período presidencial “no servía” para cosechar votos, engañar a la gente y mantenerse en el poder, es decir, se caracterizaban por una administración del Estado cortoplacista y negligente. Lo que no comprendieron o se negaron a aceptar aquellos gobiernos y grupos de poder económico era que las niñas y niños escolares de aquel entonces necesitarían a futuro haber recibido una educación de calidad que les permitiera enfrentar las nuevas exigencias, gozar de una vida digna y con capacidad de construir una convivencia democrática acorde a los signos de los nuevos tiempos, lo que se tradujo en una población excluida y marginada demandante de sus derechos humanos incumplidos en aquel pasado deplorable. El futuro iba a alcanzarnos y siempre nos alcanzará.
Sin embargo, una educación jamás pensada debe ir más allá de paquetes escolares, uniformes y zapatos. Toda escuela pública debe contar con infraestructura adecuada, servicios básicos de agua, energía eléctrica, telefonía y cobertura de internet en forma permanente; de docentes en formación y autoformación constante, con vocación e identidad profesional, que gocen de salarios dignos para que laboren exclusivamente para un solo centro escolar; de un gabinete psicopedagógico permanente: “Una escuela: un gabinete psicopedagógico” (parafraseando a “Una niña, un niño: una computadora”), sobre todo, en el contexto de la violencia que hoy por hoy afecta a un número significativo de municipios, a lo que también ayudaría la profundización del Modelo de Sistemas Integrados de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno. Esto último, en estrecha coordinación con el despliegue sin precedentes de un Ministerio de Cultura.
En cuanto a los contenidos curriculares, se requiere una educación con enfoque de derechos, de género y de inclusión, laica y científica, que permita preparar a la población escolar para enfrentar los desafíos de un mundo en permanente cambio y desde el ejercicio de los deberes y derechos ciudadanos. Hay mucho que decir al respecto. Y claro que una educación así requiere recursos y estos tienen que ser los necesarios, pues la educación debe verse como inversión y no como gasto como en el pasado era percibida y todavía es vista por parte de algunos grupos de poder de señales conocidas, que presionan por recortes presupuestarios e impiden la contratación de nuevo personal en ministerios clave, como en Educación y Salud. En todo caso, la educación jamás pensada todavía en ciernes demanda una inversión anual de, por lo menos, el equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB), pero eso, al parecer, seguirá esperando hasta que el país tenga una Asamblea Legislativa ad hoc que cumpla con los mandatos que le impone la Carta Magna, incluido el cumplimiento del derecho humano de la niñez y la juventud a una educación de calidad.
*Poeta, escritor, integrante del
Foro de Intelectuales de El Salvador.
