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¿UNA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO O DE LA FAMILIA?
Alberto Romero de Urbiztondo
Twitter: @aromero0568
Sectores de la sociedad salvadoreña se oponen y boicotean al Gobierno para impartir Educación Integral en Sexualidad en los Centros de Educación Pública. Lanzan consignas como: “Con mis hijos no te metas”, “Los niños son de los padres, el Estado no tiene hijos”, “A mis hijos los educo yo”, “Que cada
padre según su pensamiento los eduque”. Apoyan este planteamiento en su interpretación del Art. 32.- de la Ley para la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) que dice: “Todas las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con su desarrollo físico, psicológico y emocional, tienen el derecho a recibir información y educación en salud sexual y reproductiva, de forma prioritaria por su madre y padre”, haciendo énfasis solo en el papel que pueden jugar padres y madres, pero olvidan que el artículo dice también. “El órgano Ejecutivo en el ramo de Educación deberá incluir la educación sexual y reproductiva como parte de sus programas, respetando el desarrollo evolutivo de las niñas, niños y adolescentes”. Es decir niños y niñas tienen DERECHO a educación sexual y el Estado tiene OBLIGACIÓN de garantizarla. La ley es clara y no permite interpretaciones que eliminen ese derecho de la niñez ni esa responsabilidad del Estado.
Estos planteamientos están vinculados a una estrategia de la derecha cristiana, el Vaticano y países islamistas, de oponerse a reconocer los derechos de las niñas y niños, como categorías protegidas en los estándares legales internacionales, reconocidos en tratados internacionales y por tanto vinculantes. Consideran que estos derechos socavan los derechos de padres y madres, a quienes consideran jefes de la familia y para ello están intentado promover las categorías de “protección a la familia” y “derechos de los padres”, que les permitan impedir que el Estado se convierta en garante de los derechos de la niñez, en algunos ámbitos, como la educación integral en sexualidad, pretendiendo que solo la familia darla. Me queda esta duda, si según la fiscaliza, el 80 % de abusadores sexuales de menores son personas de su entorno familiar ¿esas familias están preparadas para dar la educación sexuales de menores?
