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Por Leonel Herrera*
El régimen dictatorial no afloja su estrategia de persecución política contra decenas de personas defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios y religiosos, ambientalistas, activistas sociales y analistas críticos, a quienes mantiene detenidos en condiciones crueles, inhumanas y degradantes.
Eso denunciaron la semana pasada varias organizaciones populares, entre éstas el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), Socorro Jurídico Humanitario, Movimiento de Víctimas Inocentes del Régimen de Excepción (MOVIR), Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP) y el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT).
Las organizaciones señalan que en el caso de la abogada Ruth López y el abogado Enrique Anaya, el Estado salvadoreño -incluso- se niega a cumplir las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El pasado 23 de septiembre, la Comisión ordenó que López y Anaya reciban visitas familiares, tengan acceso a sus abogados y se consideren medidas alternativas a la prisión.
Con respecto al proceso penal de Alejandro Henríquez y Ángel Pérez, cuestionan la decisión judicial de rechazar la petición de medidas sustitutivas y mantenerlos encarcelados de manera injustificada. Esta indolencia y falta de garantías hizo que la defensa legal del abogado ambientalista y del cooperativista y pastor evangélico solicitara recientemente un proceso abreviado que podría llevar implícita una admisión de los delitos falsos imputados.
En relación al caso de los veteranos de la Fuerza Armada y de la ex guerrilla, dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, denuncian que éste continúa aun cuando investigaciones periodísticas confirman que la acusación fue inventada por la Policía. Señalan que, con excepción de Atilio Montalvo, todos los detenidos siguen presos, a pesar del grave estado de salud debido al padecimiento de diabetes, insuficiencia renal y otras enfermedades crónicas.
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En el caso de los veteranos de guerra, las organizaciones consideran “particularmente arbitraria” la detención del comunicador comunitario Luis Alberto Menjívar, responsable de las redes sociales de la Alianza. Este hecho representa una flagrante violación a la libertad de expresión e información consignada en la Constitución de la República y varios tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado salvadoreño.
Las organizaciones también denuncian la condición de preso desaparecido en la que se encuentra el sindicalista Geovani Aguirre, el grave peligro que corre Fidel Zavala por haber denunciado torturas y asesinatos en las cárceles y la detención de Eugenio Chicas luego de participar como testigo clave en el juicio contra los ambientalistas de Santa Marta.
En su denuncia, las organizaciones hicieron pública una lista inicial de cuarenta personas consideradas presas y presos políticos. Señalan que las acusaciones inventadas son diferentes y variadas, como lavado de dinero, estafa, desórdenes públicos y hasta planificación de “actos terroristas”; pero que el objetivo real en todos los casos es siempre criminalizar y perseguir en represalia por denunciar injusticias y abusos de poder, exigir transparencia y rendición de cuentas, acompañar luchas comunitarias o defender al agua y al medioambiente.
Además de las detenciones, las organizaciones denuncian el exilio forzado de decenas de periodistas y miembros de la sociedad civil, provocado por el ambiente de intolerancia y persecución gubernamental. También advierten sobre actos vigilancia e intimidación contra abogados que defienden a presos políticos y contra personas que se niegan a guardar silencio ante las injusticias.
Estas prácticas de acoso y hostigamiento se facilitan con la vigencia del inconstitucional régimen de excepción, la militarización y la consolidación dictatorial que ha eliminado el debido proceso, las garantías constitucionales y la separación de poderes.
Ojalá que la denuncia de las organizaciones populares tenga algún eco en el resto de la sociedad salvadoreña, porque sólo una respuesta decidida de todos los sectores de la población puede detener y revertir esta barbarie. Por legalidad, solidaridad, humanidad y justicia, nadie debería ser indiferente ante esta problemática.
*Periodista y activista social.
