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Por David Alfaro
02/02/2026
El debate sobre la expulsión de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos suele plantearse de forma tramposa. Se presenta como una elección entre dos extremos: o se acepta cualquier método en nombre de la ley, o se rechaza toda deportación como si el Estado no tuviera derecho alguno a regular sus fronteras. Esa falsa dicotomía impide una discusión ética seria.
Un Estado tiene la facultad legal de deportar a personas que se encuentran en situación migratoria irregular. Negar eso es desconocer cómo funciona el sistema internacional de Estados soberanos. La existencia de esa facultad, sin embargo, no convierte automáticamente cualquier forma de ejercerla en legítima desde el punto de vista humano.
Aquí está el punto central que suele omitirse: no es lo mismo deportar que deshumanizar.
Durante la administración de Barack Obama, Estados Unidos llevó a cabo expulsiones masivas de inmigrantes indocumentados. Las cifras fueron altas y esa política fue, y sigue siendo, legítimamente criticable. Separó familias, truncó proyectos de vida y se ejecutó con una frialdad burocrática que dejó cicatrices profundas. Pero aun con todo eso, hubo una línea que no se cruzó de forma sistemática: la de la violencia como mensaje político.
La deportación bajo Obama fue una política dura, tecnocrática y muchas veces injusta, pero no se construyó sobre la humillación pública, el miedo como espectáculo ni la demonización racial abierta. No se convirtió al inmigrante en un enemigo interno al que había que aplastar simbólicamente. El daño existió, pero no fue celebrado ni usado como propaganda. Y, con esto, de ninguna manera justifico esas deportaciones masivas.
Con Donald Trump ocurre algo cualitativamente distinto. La deportación deja de ser una herramienta legal y pasa a ser un acto performativo. El castigo se vuelve lenguaje. La crueldad se normaliza. El miedo se utiliza como disuasión deliberada. El inmigrante deja de ser una persona en situación administrativa irregular y se transforma en una amenaza abstracta, despojada de rostro y de dignidad.
Cuando la aplicación de la ley se apoya en la violencia física, en la humillación, en el racismo explícito o implícito y en la muerte como daño colateral aceptable, ya no estamos hablando de control migratorio. Estamos hablando de deshumanización institucional.
Aceptar que un Estado puede deportar no obliga a aceptar que lo haga de cualquier manera. La legalidad no cancela la ética. Un procedimiento puede ser legal y al mismo tiempo profundamente inhumano.
Por eso, la postura correcta no es defender ni condenar la deportación en abstracto. La pregunta real es cómo se ejecuta y qué mensaje transmite. Si la política migratoria necesita del miedo, de la violencia y de la degradación humana para funcionar, entonces el problema no es la migración. El problema es el poder que ha decidido gobernar mediante la crueldad.
La historia demuestra que cuando un Estado normaliza la deshumanización contra un grupo vulnerable, esa lógica no se detiene ahí. Hoy son los inmigrantes. Mañana puede ser cualquier otro sector convertido en chivo expiatorio.
La deportación puede ser una facultad del Estado.
La deshumanización nunca debería serlo.
