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José M. Tojeira
Al mismo tiempo que medios y personalidades gubernamentales atacan a las instituciones de la sociedad civil defensoras de los Derechos Humanos, la Procuraduría de los mencionados derechos tiende a presentarnos un situación positiva al respecto. El lenguaje, los comunicados sobre las cárceles, y las distinciones a funcionarios gubernamentales durante una supuesta “cumbre” de defensores “oficiales” de Derechos Humanos, tiende a insistir en el buen funcionamiento del respeto a los derechos de las personas, incluidos los de las personas privadas de libertad arbitrariamente.
Este tipo de farsa publicitaria puede ser entendida dentro del deseo del actual Procurador de DDHH de ser reelegido, pero en realidad se convierte en una especie de alineamiento con el odio y rechazo a los Derechos Humanos que medios y agentes afines al gobierno expresan con frecuencia. Incluso el ejército, que presume de recibir constantes charlas y formación sobre Derechos Humanos, manifiesta su desprecio hacia la sociedad civil defensora de dichos derechos.
Para ello basta escuchar como botón de muestra las declaraciones del Ministro de Defensa insistiendo en que las denuncias de los defensores y defensoras de derechos humanos de la sociedad civil son “a conveniencia de ellas”, ya que “si no tienen que señalar pierden su trabajo”.
Mientras se celebra la supuesta “cumbre” algunos funcionarios pro gubernamentales están hablando de “flagrancia permanente” de todos aquellos que pertenecen o han pertenecido a las maras. Una barbaridad jurídica que en la práctica se convertiría en cadena perpetua, contradiciendo el artículo 27 de la actual Constitución de la República. La suspensión de la temporalidad de los procesos penales, supeditándola “a lo que dure la tramitación del proceso hasta la sentencia en firme”, se convertirá, como el pasado, en fuente permanente de injusticia para numerosos procesados, cuya condena o absolución no tendrá fecha de resolución y dependerá de la pereza de los jueces o de la voluntad política de la que dependen muchos juzgadores.
Escuchar al ministro Villatoro diciendo que están llevando a cabo una “justicia colectiva” o “justicia comunitaria” nos convence de la poca profesionalidad y el escaso conocimiento del derecho de este funcionario. Hablar, como lo hace el ministro, de “pseudosalvadoreños” solo recuerda al fatídico Roberto D’Abuisson, que distinguía entre el “verdadero pueblo salvadoreño” y los falsos salvadoreños, dignos de cualquier castigo, por brutal que fuera. El premio dado al ministro tras ese tipo de discurso tampoco habla demasiado bien de la calidad del Procurador.
La cereza encima del pastel de la “justicia comunitaria” parece querer ponerla el actual Vicepresidente de la República afirmando que el 80% de los pastores evangélicos están vinculados a las pandillas. Dado el gusto por las condenas generales y masivas que tienen los funcionarios gubernamentales, las declaraciones del Vicepresidente podría parecer normales. Pero la ignorancia, el atrevimiento y la irresponsabilidad demostrada en ese modo de expresarse no puede pasarse por alto.
Es evidente que los pastores evangélicos en su conjunto han hecho más en favor de El Salvador y de los valores cívicos de la ciudadanía que los presuntuosos análisis y las sospechas vicepresidenciales. Denigrar y atacar de ese modo a servidores de la Palabra de Dios que sistemáticamente han defendido valores morales y espirituales muestra la baja calidad de un régimen de gobierno empeñado en descalificar a cualquier persona con conciencia crítica.
El actual gobierno necesita urgentemente dialogar con la sociedad civil, abandonar la pose de ser los propietarios absolutos de la verdad y reconocer que, aunque de diferentes maneras, todos los que tienen posiciones divergentes respecto a las políticas actuales de seguridad desean también lo mejor para El Salvador. De lo contrario, las “cumbres” de Derechos Humanos solo servirán para demostrar la hipocresía de quienes las celebran y la lamentable deficiencia que el gobierno tiene en ese terreno.
